Irene de Miguel: “La administración debe exigir responsabilidad social a las grandes empresas que operan en Extremadura”

  • La candidata de Unidas por Extremadura asegura que el objetivo primordial del gobierno no debe ser poner alfombras rojas a los grandes empresarios, “sino la defensa de los trabajadores y trabajadoras”
  • De Miguel asegura que  en Extremadura “estamos acostumbrados desgraciadamente a que las grandes empresas arruinan comarcas enteras cuando deciden irse de aquí” y critica que precisamente mañana se vaya a debatir una Ley que facilita este tipo de prácticas

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, la candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz, Amparo Botejara, y el diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Daniel Hierro, han mantenido este miércoles una reunión con miembros del comité de empresa del Grupo Gallardo, en Jerez de los Caballeros, que ven peligrar sus puestos de trabajo debido a los problemas financieros por los que atraviesa la empresa.

De Miguel ha afirmado que Podemos estudiará las alternativas para garantizar los puestos de trabajo de los que depende una comarca entera, como la de Jerez. Por ello, considera que la administración autonómica debe ser “corresponsable” y estar siempre de lado de los trabajadores y trabajadoras “porque este tipo de grandes empresas nos tienen acostumbradas desgraciadamente a arruinar nuestras comarcas cuando deciden deslocalizarse porque tienen problemas financieros o porque no tienen beneficios tan abultados”.

Para la candidata de Unidas Podemos la administración debe garantizar que se siga manteniendo la actividad, “pero siempre exigiendo una responsabilidad social por parte de las empresas”. “Lo que nos preocupa -ha afirmado-  es que se pongan leyes encima de la mesa como la que se va a debatir mañana en la Asamblea, que ponen alfombras rojas a grandes empresas que no crean empleo estable, y que cuando no tienen tantos beneficios como esperaban, no tienen ningún problema en irse a otra parte, dejando un grave problema social y económico en un territorio como Extremadura”. Por último, De Miguel ha insistido en que la protección de los trabajadores y trabajadoras debe ser primordial, y para ello la administración debe trabajar para que no se destruya empleo y para que “las grandes empresa que operan o quieren operar en Extremadura tengan responsabilidad social”.