Enrique Julián Fuentes. Ingeniero Técnico Forestal.

Ex-director General de Medio Ambiente de Extremadura.

No hace falta ser un sabio para darse cuenta que, cuando un lugar pierde población, algo no funciona. Dicho de otra forma, a pesar de que son muchos los factores que influyen en los procesos demográficos, la estadística manda y lejos de buscar culpables, se requiere sin embargo encontrar soluciones planificando acciones a corto, medio y largo plazo.
Para cualquier territorio, no hay mejor indicador económico y de desarrollo, que la ganancia o pérdida de población. El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx), en un estudio reciente sobre proyecciones de población para el período 2018-2033, ha estimado que la población decrecerá un 6,7 % durante los próximos 15 años. Una conclusión que, de cumplirse, augura para nuestros hijos escasas posibilidades de crecimiento, generación de empleo y por tanto, de desarrollo económico.
Esta pérdida de población estimada, que incluye el éxodo de jóvenes formados en busca de un empleo, no se dará únicamente en los núcleos rurales, sino también en poblaciones que superan los 30.000 habitantes, donde de hecho ya se está produciendo.
Con la pérdida de población, se perderá incluso la calidad de vida que tantas veces hemos mostrado con orgullo, al no poder mantener por falta de usuarios, gran cantidad de servicios básicos de funcionamiento en multitud de poblaciones y en una Región que, con cerca de 400 municipios, arroja una dispersión tan elevada y una densidad de población tan reducida, en torno a 4 veces menor que la media nacional.
La reciente creación en el Gobierno de España de una Vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, resulta todo un acierto; siempre y cuando se gestione convenientemente en favor de los habitantes de las poblaciones rurales, tan íntimamente ligados al entorno y medio natural que les envuelve y en el que desarrollan o tratan de poner en marcha su trabajo como medio de vida.
En una Comunidad como Extremadura, del tamaño de Países como Holanda o Suiza y en la que el 98 % de su superficie está compuesto por terrenos forestales, agrícolas o suelos marginales con capacidad de desarrollo, se hace necesario llevar a cabo una planificación global del territorio a 30 años vista.
Una planificación que revise la legislación vigente y que ordene de forma efectiva los recursos naturales que se obtienen de las cerca de 4 millones de hectáreas potenciales, de tal forma que puedan aprovecharse de manera sostenible.
La ordenación de dichos recursos deberá realizarse con un nivel de detalle comarcal, contando con todos los actores implicados dentro del territorio y pesando sobre cualquier otro aspecto el de garantizar la fijación de población a través del empleo sostenible, el consumo autorizado y eficiente de recursos naturales tan elementales como el agua o el respeto al medio ambiente.
A modo de ejemplo, la ampliación, en terrenos degradados o invadidos por vegetación arbórea o arbustiva, que suponen un riesgo evidente de incendio forestal, de nuevas zonas de cultivo tradicional acreditadas desde hace décadas y con plena garantía de continuidad, sería la herramienta más sencilla y económica para luchar contra la despoblación en multitud de poblaciones rurales, pues no supondría inversión presupuestaria alguna para las arcas públicas, requiriendo tan sólo de una simple autorización administrativa que, a día de hoy, resulta difícil de conseguir.
La planificación y ordenación responsable de los recursos naturales de una Comunidad como la extremeña, unida a una Administración ágil en la que la colaboración público-privada de empresas consultoras acreditadas y apoyadas en los correspondientes Colegios Profesionales, tenga cabida como soporte técnico en la tramitación de expedientes administrativos y que actualmente tardan meses en resolverse, traerá consigo generación de empleo en diversos sectores, activación de la economía local y regional, control exhaustivo sobre los recursos naturales, fijación de población, disminución de incendios forestales e incremento y desarrollo de productos primarios de calidad, que servirán de caldo de cultivo para nuevas iniciativas agroindustriales y empresariales que concluyan en el aumento de la exportación de nuestros productos.
En las grandes urbes y desde los despachos y delegaciones ministeriales, se toman decisiones que concluyen con la aprobación de leyes que rigen el funcionamiento y ordenamiento cotidiano de la actividad de los núcleos rurales; sin pensar, o tal vez sí, en las posibilidades de subsistencia de los habitantes del territorio que verdaderamente sostienen el medio natural que les envuelve y sin cumplir, por supuesto, con los objetivos marcados en el reto demográfico.
A falta de materializar el cobro en forma de canon ambiental por depurar el aire que otras Regiones contaminan y que repercuta en el bienestar de nuestro territorio, cambiemos normas y por tanto, salvemos pueblos.