COMUNICADO DE PRENSA

El PP de la Diputación Provincial de Cáceres en su deseo de desprestigiar la labor de funcionarios de carrera con más de quince años de ejercicio profesional en la Administración Pública tergiversa la información aprovechando el período de transición de dos meses que dispone la Diputación para llevar a cabo la ejecución de la sentencia º 1829/2019, dictada por el Tribunal Supremo, el 17 de diciembre de 2019, por la que se anula el Capítulo II, del Título V de su Reglamento Orgánico que regula el régimen jurídico del Personal Directivo Profesional.

Así, y en relación con el nombramiento de la funcionaria de carrera que ocupa el puesto de Directora de Área de Personal que pertenece a la escala de administración especial, subgrupo A1, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, así como en el catálogo de funciones en el que dicha persona estaba habilitada para ocupar ese puesto de trabajo en el momento de su nombramiento. Tras la notificación de la sentencia, se ha detectado una discordancia entre los requisitos exigidos en la RPT y los exigidos en el Catálogo de funciones para ocupar el puesto de trabajo, mientras que en el primero se exige ser funcionario de carrera perteneciente a la escala de administración general, en el segundo instrumento se recoge que el funcionario de carrera puede pertenecer a la escala de administración general o especial. Este error debe ser subsanado y por ello ha sido elevado a la Mesa General de Empleados Públicos. Resulta lamentable que se intente ensuciar la reputación de funcionarios de carrera de la Administración, amparándose en errores de hecho irrelevantes y no invalidantes que la Ley autoriza a subsanar en cualquier momento.

En relación con el nombramiento de la funcionaria de carrera que ocupa el puesto de trabajo de Gerente del OARGT, el PP omite que este puesto de trabajo no está incluida en la RPT de personal directivo, por lo que no se encuentra afectado por la sentencia del Tribunal Supremo, reuniendo la funcionaria los requisitos para ocupar el puesto de trabajo desde el año 2018, fecha en la que fue nombrada.

Por tanto, el Portavoz del PP puede dormir tranquilo porque los informes y procedimientos en los que han participado ambas funcionarias no se ven afectado por sus nombramientos, pues en la fecha en la que fueron nombradas reunían todos los requisitos para ocupar los puestos de trabajo para los que fueron nombrados, esto es el de Gerente del OARGT y de Directora del área de Personal.

El Sr. Sánchez Juliá también reprocha la resolución del Sr. Presidente de la Diputación por la que se suspende cautelarmente la resolución de recurso en un proceso selectivo para la provisión de 32 plazas de conductores-bomberos porque considera que “los recursos no pueden paralizar de facto el proceso”. Sin embargo, lo que el Sr. Portavoz del Grupo Popular ignora es que esta es una medida que el legislador ha introducido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para no causar perjuicios a terceras personas y

Finalmente, debemos pedir al Sr. Portavoz del Grupo Popular respeto no solo a los empleados/as públicos de la Diputación Provincial sino también para los/as compañeros/as s Diputados/as. El Pleno de la Diputación será al primero que se le dará cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo, toda vez que será el encargado de adoptar las medidas necesarias para llevar a su debido efecto el fallo de la sentencia.

Hubiera sido más interesante que el Sr. Portavoz del Grupo Popular se hubiese centrado en justificar el interés que tiene su grupo en que nos limiten las competencias a las Diputaciones Provinciales, quizás porque crea que las Diputaciones Provinciales son administraciones de tercer nivel a las que el legislador debe limitarle competencia fruto del mal uso al que diferentes dirigentes del partido popular lamentablemente nos acostumbraron, ensuciando así el nombre de una institución imprescindible para el desarrollo de nuestros pueblos.