Este fin de semana finalizó la Cumbre del Clima de Madrid, COP 25. La organización ha sido un éxito teniendo en cuenta que España tuvo solo un mes para prepararla y, de nuevo, hemos quedado muy bien con nuestros países amigos latinoamericanos. Bolsonaro renunció a organizarla y Piñera tuvo que renunciar también a que fuera en Chile al no poder garantizar la seguridad. Pero los resultados de la Cumbre han incumplido expectativas que ya eran muy poco ambiciosas. La Cumbre es un reflejo más de la dificultad de gobernar el mundo y tomar decisiones en la era Trump. La ventaja es que la tecnología en electricidad fotovoltaica ya es la más competitiva y en dos o tres años la movilidad será eléctrica, cuando los coches bajen de precio.
El año que viene la COP 26 será en Glasgow y el Reino Unido intentará mejorar su imagen internacional dañada por el Brexit. Esta pasada semana Boris Johnson arrasó con mayoría absoluta y el Brexit será un hecho en enero. Luego habrá 11 meses para negociar un nuevo tratado comercial y veremos qué sucede con la frontera irlandesa y con Escocia donde han ganado los nacionalistas y ya piden un segundo referéndum. Esperemos que en la Cumbre del año que viene se avance más en los compromisos. La buena noticia de la semana es que la nueva Comisión Europea tiene el compromiso de avanzar en el Green Deal y comprometer 100.000 mill en inversiones sostenibles. Además, Europa impondrá aranceles a los bienes importados altamente contaminantes, similar a la que exige a las empresas europeas. No tiene ningún sentido penalizar a nuestra industria por no reducir sus emisiones e importar bienes de industrias de otros países que son más contaminantes. Para España ambas medidas serían excelentes noticias.
Esta semana el INE publicó los datos de coste laboral armonizado con Europa. Los salarios en el 3tr19 aumentaron 0,4% trimestral, menos de la mitad que en el trimestre anterior. Y la tasa anual aumentó un 2,5%. El INE también publicó la inflación que fue 0,4% anual y 1% excluyendo alimentos y energía. Con la demanda de empleo débil, se crea menos de la mitad de empleos que hace un año y que los salarios aumenten dos puntos por encima de la inflación es más que razonable. Es cierto que los salarios llevan mucho tiempo estancados y tienen desfases pero en el momento en el que las empresas han dejado casi de contratar subir los salarios no ayuda a que vuelvan a hacerlo.
La negociación para formar gobierno continúa y el pacto PSOE y Podemos con la abstención de ERC parece que sigue avanzando, aunque ninguna de las tres partes da información amplia de las negociaciones. Una de las medidas es volver a subir el salario mínimo hasta 1.000 euros mensuales el próximo año. El secretario de estado de Seguridad Social, Octavio Granados, afirmó que la subida de enero había funcionado aunque perjudicando a los más desfavorecidos. Como anticipamos, la subida afectaría a la demanda de empleo de los trabajadores con menor cualificación y menores salarios que son los que mayor tasa de paro tienen. Y en el caso de las empleadas del hogar la Seg. Social publica que se ha destruido empleo.
Es duro ver a un partido socialista decir que una medida que aumenta la desigualdad y perjudica a los trabajadores más humildes es un éxito. Pero en la era de los fake news nada es lo que era. En Cataluña el PSC ha celebrado su congreso y ha pedido más autogobierno, una hacienda foral catalana sin interferencias del gobierno central y que la inversión pública en Cataluña sea equivalente al peso de esa comunidad en el PIB nacional. Eso nos llevaría a un modelo confederal donde el centro quedaría muy débil y sin recursos, aunque siguen hablando de ir a un modelo federal. Son las mismas medidas que pedía Jordi Pujol hace 20 años que confirman que los independentistas han ganado la batalla del relato.
El problema es que el gobierno central gestiona el sistema público de pensiones y el seguro de desempleo. El sistema de pensiones ya se ha pulido la hucha y mantiene un agujero de unos 17.000 mill a pesar de que España ha estado cuatro años creando más de medio millón de empleos. Por lo tanto, es falsa la promesa cuando gobernaba el PP que decían que con el empleo se reduciría el déficit. Y también es falso como prometió el PP en el Pacto de Toledo que aumentarían los recursos para garantizar las pensiones ya que luego en todas las campañas electorales prometen bajadas de impuestos que luego tampoco cumplen. En Andalucía y Madrid ya han dicho que no pueden bajarlos y en Granada -ciudad donde gobierna Ciudadanos con su apoyo- han subido el IBI nada más llegar.
Pero la posición del Psoe y Podemos es también muy irresponsable. En campaña prometieron subir la pensión mínima a 1.000 euros, como demandan los colectivos de pensionistas que se manifiestan. Pero ahora Sánchez dice que las subirá el coste de la vida, el 0,8%, y la dejarán próxima a 660 euros, muy lejos de sus promesas de campaña. Es cierto que la política, como la vida, es pura continencia y que nadie conoce el futuro. Pero en los últimos años todo lo que nos prometen los políticos en campaña es mentira, salvo algunas cosas.
En España deberíamos recuperar la tradición de la antigua Grecia en la que los ciudadanos podían denunciar ante los tribunales a los políticos que hacían promesas falsas que no cumplían. Fue una medida que defendía Podemos cuando nació, vivían en Vallecas y su prioridad era regenerar la vida pública. Ahora viven en Galapagar y han incumplido la mayoría de las promesas que hicieron en la campaña de los ayuntamientos que luego gobernaron, por ejemplo mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Es lo mismo que promete ahora Vox con un líder que ha vivido toda su vida de la política en el PP, hasta que en los recortes Esperanza le cerró su chiringuito y montó el partido. Y Roció Monasterio y Espinosa de los Monteros que hablan de recuperar el cumplimiento de la ley y han incumplido todas las leyes urbanísticas en Madrid desde hace más de una década.
El INE también publicó las ventas de casas en octubre. Siguen cayendo pero menos que en septiembre. Como te vengo contando la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria provocó un colapso del registro de hipotecas (se tarda dos meses en registrar desde la firma en notario). Por lo tanto, la caída no será tan intensa como mostraban los datos del verano pero caerán y continuarán cayendo en 2020. Eso explica el frenazo de la construcción de viviendas y el empleo en el sector que representó el 25% de la creación de empleo en 2018.