La dehesa es sin duda uno de los mayores patrimonios culturales y ambientales de Extremadura, que alberga una tercera parte de toda la superficie adehesada nacional.

Dehesa viene del latín defesa (defensa), ya que desde la Edad Media era defendida, protegida en sus mismos términos y prohibida su parcelación. Conforma un sistema durante siglos modelado o “domesticado” como dice Mario Morales en su artículo ‘Réquiem por una dehesa’ en el que describe: “el manejo ancestral de la dehesa que implicaba una dinámica agroganadera hoy perdida”.

La dehesa fue defensa, además, de las familias más necesitadas que engañaban el hambre rebuscando bellotas, setas o llevando a casa algo de carne jugándose el pellejo. Les defendía también del frío con el carbón vegetal que nos regala sus encinas.

Ni que decir tiene la importancia del aprovechamiento corchero con la producción de 25.000 toneladas anuales de corcho y más de 30.000 jornales cuyos beneficios en su mayoría se quedan fuera de nuestra tierra.

Este rico ecosistema tiene en muchos casos un aprovechamiento colectivo desde tiempos inmemoriales. Se me vienen a la cabeza las conversaciones en Zahínos con la Sociedad Civil El Progreso que lleva más de cien años gestionando varias fincas propiedad de los vecinos y vecinas del pueblo que las pueden disfrutar al cumplir los dieciocho años. Es uno de los motivos de orgullo del pueblo.
Debido a todo este tipo de cuestiones la dehesa tiene legislación específica que la protege bien sea como Monte Comunal, Monte Vecinal en Mano Común, etc., por lo que están sujetas a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

Todos estos usos y costumbres ancestrales saltan por los aires en diferentes casos a lo largo y ancho de nuestra región pero me quería centrar en el caso de Oliva de Plasencia. Allí se inició una concentración parcelaria en el año 1997 amparada y tutelada en todo momento por la Junta de Extremadura. Un año después el alcalde solicitó la ampliación de esta actuación incluyendo la Dehesa Boyal Mohedas. 396 hectáreas cuyo vuelo se compró al estado en 1885 y su suelo en 1907 que es aprovechada por el común de los vecinos desde tiempo inmemorial.

El entonces consejero de Agricultura aprobó esa ampliación y la actual consejera de Medio Ambiente y Rural junto con el secretario general de Desarrollo Rural y Territorio la están ejecutando en la actualidad.

El resultado final es que la Junta de Extremadura, a sabiendas de que el terreno es proindiviso, es decir, que es propiedad colectiva y por lo tanto no se puede dividir, está permitiendo que esta dehesa de incalculable valor cultural y ambiental esté siendo troceada, fragmentada, despedazada y vallada, dándole a día de hoy un aspecto dantesco.

Podía pararme a evaluar la legalidad de la petición de ampliación del alcalde o la modificación del curso de un bien de dominio público como el Arroyo Abarcón o la fragmentación de la dehesa en 105 lotes de los que más del 50% son inferiores a una hectárea por lo que si la razón era la rentabilidad agroganadera, ésta queda más que en entredicho. Podía pararme a evaluar que los lotes más grandes y los únicos con acceso a agua han ido a parar a las familias más influyentes del pueblo, que acabarán acaparando otros adyacentes o que decenas de encinas han sido y serán taladas o que los caminos públicos han sido eliminados o gravemente alterados… En definitiva, una salvajada.

Pero me quiero centrar en la propiedad. Diferentes jueces han dictaminado repetidamente que el uso a lo largo de tantos años conlleva el derecho consuetudinario de la propiedad para todo el pueblo. El ahora secretario general de Desarrollo Rural y Territorio comunicaba por escrito sin ruborizarse el 31 de octubre de 2017 que: “el proceso de concentración ha permitido la disolución del proindiviso a cada propietario de la Dehesa Mohedas de la superficie que le correspondía de la misma”.

Queda claro, por tanto, que no se ha ejecutado una concentración parcelaria, sino una fragmentación parcelaria.

Después de siglos de uso por el común de los vecinos a nadie se le escapa que la disolución del proindiviso facilitará que una propiedad colectiva acabe en manos de quien puede pagarla.

Ahora este paraje ya no es defesa.