La Junta de Extremadura rechaza por insuficientes las inversiones aprobadas para incentivar el despliegue de la banda ancha ultrarrápida en la región

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La Junta de Extremadura considera insuficiente la inversión de 30 millones de euros hasta 2021 aprobada por el Consejo de Ministros para garantizar el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones que permita anchos de banda superiores a los 30 Mbps, lo que se conoce como ancho de banda ultrarrápida.

Para el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno regional, Jesús Alonso, “se trata de estimaciones realizadas sin ninguna base conocida y al margen de las cifras reales que describen el déficit que padece la región en cuanto al despliegue de las nuevas redes de telecomunicaciones”.

Según ha subrayado “en la actualidad ni un 63,4% de los extremeños puede acceder a la banda ancha ultrarrápida como sostienen desde el ministerio, ni mucho menos es suficiente una inversión de 30 millones para incentivar el despliegue en la totalidad del territorio extremeño de las redes que la hacen posible por parte de los operadores”.

Insiste, además, en que “lejos de aportar soluciones creíbles el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se dedica a bloquear la inversión de 22,5 millones de euros de los Fondos FEDER asignados a Extremadura para el despliegue de redes NGA, e impide de esta manera que la región cumpla con los objetivos marcados en la Agenda Digital Europea”.

De acuerdo con los datos que maneja la Administración regional 627.000 extremeños, un 58% de la población total de Extremadura, no dispone en el momento actual de la posibilidad de contratar cualquier servicio digital a través de redes NGA. Con la ayuda de 86 euros por habitante aprobada por el Consejo de Ministros sería necesaria una inversión de casi 55 millones de euros para que las nuevas redes de telecomunicaciones llegasen a la totalidad de la población extremeña.

De igual forma desde la Junta de Extremadura se pone de manifiesto que desplegar este tipo de redes de telecomunicaciones de nueva generación en un entorno rural resulta considerablemente más costoso que en un entorno urbano.

Las estimaciones que baraja la Consejería de Economía e Infraestructuras sitúan en 320 euros por hogar el coste del despliegue de estas redes en los pequeños núcleos de población dispersos por un amplio territorio que caracteriza a la región. El ministerio, sin embargo, estima que apenas son necesarios 160 euros por hogar para garantizar el despliegue de estas redes.