Autorizada la licitación del primer tramo de la ronda sur-este de Cáceres, en el que se invertirán 33,4 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la contratación de las obras que corresponden al primer tramo de la ronda sur-este de Cáceres, que tendrá un coste total de 33,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses, según ha informado el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro.

El consejero de Infraestructuras, José Luis Navarro, explicando la actuación den la Ronda Norte de Cáceres.

El titular de Infraestructuras ha detallado que, de esa cantidad, 31’5 millones de euros corresponden a la licitación de la obra, que constará de dos lotes, y una cantidad cercana a los dos millones de euros al coste de las expropiaciones.

Como dato destacado en cuanto al volumen de la inversión, Navarro ha señalado que el coste de este primer tramo de la ronda sur-este equivale al 34 por ciento de todo el presupuesto previsto para carreteras en el programa operativo FEDER destinado a Extremadura para el periodo 2014-20, que se cifra en 98 millones de euros.

Navarro ha señalado que este primer tramo de la ronda sur-este constará de 3,8 kilómetros de longitud y dará continuidad a la ronda norte, ya que partirá desde la rotonda de la N521 (salida hacia Trujillo), rodeará todo el entramado urbano por el este de la ciudad y terminará en una nueva glorieta que dará salida hacia la EX206 (carretera de Miajadas).

En un futuro, ha explicado el consejero, la ronda sur-este conectará también con la carretera N630 y con la EX100 (carretera de Badajoz), si bien estas obras corresponden al segundo tramo que no está previsto licitar en esta legislatura.

José Luis Navarro ha destacado la importancia de este primer tramo para la ciudad, ya que servirá “para mejorar la vida de los cacereños” puesto que su objetivo es descongestionar el tráfico, especialmente saturado, de la zona este y evitar contaminación, ruidos, etcétera.

En cuanto a las características técnicas, el tramo constará de doble vía de 7 metros de anchura, con arcén exterior de 1,5 metros y arcén interior de 0,5 metros, tendrá carril bici y acera para peatones, y supondrá la construcción de cinco nuevas glorietas y de un viaducto de 320 metros de longitud para salvar la vaguada natural que se produce  en la sierra de la Mosca.

El consejero ha añadido que, “si todo discurre normalmente”, las obras podrían comenzar entre finales de octubre y comienzos de noviembre, y su terminación está prevista para el año 2020.

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AYUDAS AL SECTOR AGRÍCOLA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales, con una dotación de 1.261.000 euros.

Isabel Gil Rosiña durante la rueda de prensa del Gonsejo de Gobierno.

Así lo ha explicado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha añadido que el objetivo de estas subvenciones es financiar, a través de agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, así como la implantación de métodos de gestión integrada de plagas y otras enfermedades de los vegetales.

Podrán solicitar estas subvenciones las agrupaciones de productores agrícolas reconocidas oficialmente. El límite máximo subvencionable por agrupación de productores prestadora del asesoramiento se fija en 1.912,20 euros mensuales.

En cuanto a la dotación de las ayudas, la portavoz ha señalado que se eleva en un 26 por ciento respecto a convocatoria anterior.

Las actuaciones objeto de esta convocatoria de subvenciones se deberán ejecutar desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2017 y se podrán justificar hasta el 15 de noviembre de este mismo año.

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE URVIPEXSA

En materia de vivienda, según explicó Gil Rosiña, el Ejecutivo ha autorizado la tramitación del expediente de adquisición directa de 23 viviendas de protección oficial, propiedad de la empresa pública Urvipexsa en las localidades de Aliseda, Hervás, Palomas y Santa Marta de Magasca, por un importe total de 1.039.568,66 euros.

Con la adquisición de esas viviendas se atenderán las necesidades de los colectivos con dificultades para acceder al mercado inmobiliario, bien por su bajo nivel adquisitivo o por sus circunstancias específicas, conjugando esa necesidad con los principios de eficacia, optimización y racionalización de recursos y de gasto público.

En relación con este asunto, la portavoz ha destacado que, gracias a la labor de intermediación bancaria que está haciendo la Junta de Extremadura por medio del Observatorio de la Vivienda, 378 familias han recibo “una respuesta” y se ha impedido que se quedaran sin un hogar.

Imagen del Consejo de Gobierno de hoy, en Mérida

En este sentido, ha destacado la importancia de Ley de Emergencia Social de la Vivienda y de la política que está llevando a cabo el gobierno regional para evitar que familias que no puedan hacer frente al pago de su vivienda se puedan quedar sin hogar.

También en el área de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, se ha autorizado la concesión de subvenciones directas a varios ayuntamientos para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el segundo semestre de 2017, por un importe total de 472.845,02 euros euros.

Los ayuntamientos de Miajadas, Villafranca de los Barros, Montijo, Trujillo, Zafra y Olivenza son los destinatarios de estas ayudas, con las que se pretende promover los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, al objeto de garantizar el derecho de atención a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, se ha autorizado la firma de convenios con la Mancomunidad de La Serena y con los Ayuntamientos de Puebla de la Calzada y Torremayor para la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención básica, por un total de 387.441,61 euros.

Para el cumplimiento de los acuerdos, estas entidades deberán atender las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones hacia las prestaciones oportunas, con especial dedicación a personas en situación o en riesgo de exclusión social.

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