Recientemente hemos conocido la noticia de que Liberbank ha decidido cerrar oficinas en 34 municipios de nuestra comunidad, todos ellos menores de 1000 habitantes. Según los datos de la Fundación Cajamar el número de personas que sufren la falta de servicios bancarios en Extremadura es de 45.000. Una cifra alarmante que viene a profundizar la brecha entre la ciudad y el rural, donde sus habitantes son testigos del lento proceso de decadencia y abandono, de la falta de servicios y de la progresiva sangría poblacional que poco a poco los va dejando exhaustos. La exclusión financiera no sólo afecta a nuestros mayores complicándoles su cotidianeidad y obligándoles a acumular grandes cantidades de dinero en efectivo con los problemas de inseguridad asociados, también lastra el necesario dinamismo económico para la revitalización de estos espacios.
El mundo rural agoniza delante de nuestros ojos y no podemos permitirlo. Es necesario exigir respeto, responsabilidad y compromiso social a las entidades bancarias que operan en nuestro mundo rural, en este caso a Liberbank.  Una entidad que ha ido cerrando sucursales paulatinamente mientras sus beneficios han ido creciendo exponencialmente.
Por supuesto que Liberbank es una entidad privada con total legitimidad para abrir y cerrar sucursales según sus necesidades de negocio pero también es cierto que la Junta de Extremadura debe de hacer algo para evitar esta situación que acrecienta la situación de abandono de nuestros pobladores rurales, ciudadanos y ciudadanas que no son de segunda y que tienen los mismos derechos que cualquier otro con independencia de donde residan. La administración autonómica no puede quedarse de brazos cruzados y debe asumir y llevar a cabo todas las actuaciones a su alcance para minimizar los efectos de la exclusión bancaria y evitar que ocurra lo mismo en otros municipios.
Es duro comprobar cómo poco a poco vivir en el mundo rural se está conviertiendo en una actividad cada vez más heroica.