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El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.

En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña.

El próximo sábado el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el  interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar  el orden constitucional en la Comunidad Autónoma.

El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista. Por otra parte, denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave  daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña.

El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña.

El artículo 155 se introdujo en el título VIII de la Constitución para que el Gobierno tuviera precisamente un mecanismo para controlar a las Comunidades Autónomas y pudiera forzarlas “cumplir sus obligaciones” o “proteger el interés general”.

Su texto es el siguiente:

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”