Enrique Julián Fuentes. Ingeniero Técnico Forestal. Ex-director General de Medio Ambiente de Extremadura.

Hace unos días el diario El Mundo publicaba que 21 millones de personas reciben sus retribuciones del Estado, suponiendo el 44% de la población de España.
En este amplio espectro poblacional, que deja fuera a los menores, se incluyen todas aquellas personas que perciben un salario, pensión o prestación económica con cargo al erario público; disparando el gasto mensual, según dicho diario, hasta los 25.000 millones de euros.
Este dato, que podría quedar en una mera anécdota macroeconómica, no tendría mayor trascendencia si las condiciones proyectadas por la gran mayoría de los expertos para un futuro próximo, pronosticasen una mejoría de la situación económica y social a corto o medio plazo.
Frente a los 21 millones de personas que perciben sus ingresos procedentes del Estado y basando igualmente la información en publicaciones de la prensa especializada en materia económica, 16 millones de españoles ejercen su actividad profesional dentro del ámbito privado; ya sea en grandes, medianas o pequeñas empresas, entre las que se incluirían a su vez los trabajadores autónomos. Este apunte, mostraría evidencias de un desequilibrio claro entre ingresos y gastos de las cuentas públicas, así como la debilidad de un sistema que no puede sino, calificarse como inviable.
¿Cuál es el límite de personas incluidas dentro del presupuesto que puede soportar la economía española?.
La crisis del COVID-19, no ha hecho más que apuntillar una situación en la que cada vez resultaba más complicado garantizar el sistema público de pensiones.
Poco se puede hacer con una pirámide poblacional tendente a ser invertida y que se basa en la relación existente entre una de las mayores esperanzas de vida del mundo, con una incuestionable disminución de la tasa de natalidad. A esto, cabría añadir la fuerte vinculación laboral de la población, con sectores estacionales y con tanto peso en nuestra economía como el turismo, en detrimento del desarrollo de actividades económicas vinculadas a la industrialización y exportación de componentes producidos en nuestro país.
España, un lugar en el que 3 de cada 4 profesionales trabaja en el sector terciario, se ha convertido indiscutiblemente en un país de servicios, teniendo por tanto, una absoluta dependencia del turismo internacional y carente de un número adecuado de profesionales dedicados al tejido industrial y tecnológico que permita equilibrar la balanza económica en situaciones tan inciertas como las que vivimos.
Pero no acaba aquí el problema. Desde el 14 de marzo pasado, la administración pública se ha visto paralizada con la declaración del Estado de Alarma, propiciando la ralentización y paralización, de miles de expedientes que requieren de una autorización administrativa para poder ser iniciados y que sin duda ayudarían a reactivar nuestra maltrecha economía.
Sin actividad no puede funcionar la economía y por tanto, no pueden ser atendidos los pagos de los servicios públicos más elementales. Es completamente imposible.
La crisis que en estos meses viven, entre otros, los establecimientos dedicados al turismo y la hostelería, arrastra a multitud de proveedores de los sectores primario y secundario, generando desempleo y desequilibrando aún más si cabe, la ya de por sí desnivelada balanza de la economía española.
Miles de profesionales, con mayor o menor volumen de negocio, no han podido en estos últimos meses desarrollar su actividad con garantías, pero sin embargo, han seguido soportando las cuotas, obligaciones y demás costes fijos mensuales que se requieren para poder desempeñar su actividad económica.
Situaciones y experiencias las vividas, que han contribuido a desequilibrar aún más la balanza; representada, por aquellos en los que su salario se encuentra tanto dentro como fuera del presupuesto público y que lleva de forma irremediable a hacernos la siguiente pregunta: ¿Superamos ya el límite o aún tenemos margen?.