Vivimos momentos en los que a nivel mundial y europeo se habla de conceptos vinculados con la reconstrucción social y económica.
El pasado 9 de julio, los 4 grupos políticos de la Asamblea de Extremadura, es decir el arco parlamentario en pleno, votó a favor de una propuesta de impulso en apoyo del sector maderero extremeño; un oficio que languidece y que sin duda conoció épocas mejores.
Eran los tiempos en que los pueblos asentados en las laderas de la montaña, contaban con aserraderos familiares que aportaban puestos de trabajo a la economía rural y mantenían limpios los montes, al tiempo que extraían la materia prima con la que fabricar muebles, tablones o vigas para la construcción.
Lejos de este recuerdo romántico y a la vez nostálgico, el sector de la madera ha estado íntimamente ligado a la fijación de población en el territorio y a la defensa frente a los incendios forestales.
El monte siempre fue un refugio al que aferrarse para muchas pequeñas poblaciones, como también fue un yacimiento de empleo sostenible y de sacrificio por garantizar el bienestar del resto de la sociedad.
El paso de los años trajo una sucesión de incendios forestales que fue laminando una gran cantidad de superficie adulta arbolada. También trajo consigo la aparición de nueva normativa vinculada a la conservación de las especies de fauna silvestre, las restricciones derivadas del riesgo de incendio o las limitaciones de trabajo durante los días de lluvia, que fueron minando poco a poco los días de trabajo de cada aprovechamiento forestal.
El éxodo de población a la ciudad, contribuyó igualmente a la pérdida paulatina de mano de obra especializada en los núcleos rurales del área de influencia del monte, reduciendo el espectro de posibilidades de acción forestal para el sector maderero.
La aparición de plagas como el nematodo del pino en varios focos de la geografía extremeña, unido a las exigentes normas de tratamiento de la madera afectada, asestó otro duro golpe para una actividad esencial y estratégica en la economía de nuestra región y ya de por sí castigada.
La demora en los trámites burocráticos derivados de las subastas de madera y la puesta en marcha de una nueva Ley de Contratos con las Administraciones públicas, dieron la puntilla a un sector que hasta hace 25 años, mantenía cerca de 30 aserraderos de madera activos en Extremadura, pero que a la vuelta de este tiempo, a duras penas es capaz de sostener un número mayor de 5.
El sector maderero extremeño y sus empresas asociadas, albergan en sus distintas actividades y a pesar de todo lo mencionado, un número estimado en 1.200 puestos de trabajo.
1.200 personas que a pesar del envejecimiento que sufre su parque de maquinaria, contribuyen diariamente al desarrollo agrario e industrial de nuestra región, la defensa y conservación de nuestros montes frente a los incendios forestales, la lucha contra la despoblación de las zonas rurales o la notable aportación económica para las arcas públicas autonómicas, en concepto de adquisición de lotes de madera de nuestros montes.
Se habla en términos globales de reconstrucción social y económica, motivada por un enemigo invisible que ha paralizado la práctica totalidad de sectores de la economía mundial, pero que no ha podido con el ritmo de producción de una actividad esencial para la sociedad, como es el suministro de madera y de biomasa forestal.
El sector de la madera es el mejor aliado de la administración pública para garantizar la higiene sanitaria de los montes, generar empleo rural, combatir la despoblación, reducir los incendios forestales y aportar ingresos económicos en las cuentas públicas extremeñas.
Teniendo en cuenta el escenario que tenemos por delante, démosle entre todos la importancia que merece y apoyemos a un sector tan estratégico y necesario como lo es, el sector maderero extremeño.