Plasencia, a 18 de marzo de 2025.
Enrique Julián Fuentes. Ingeniero Forestal.
Hace escasamente unos días, el expresidente del Banco Central Europeo y expresidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, afirmó en el trascurso de una intervención pública que, las barreras internas que existen en el mercado europeo son mucho más perjudiciales que cualquier arancel que el presidente de Estados Unidos pueda imponer, añadiendo que los aranceles, se los ha puesto Europa a sí misma con barreras internas y exceso de regulación.
Esta revelación, cargada de lógica y sentido común, ha caído como un jarro de agua fría sobre los responsables políticos de la Unión Europea, quienes por contra, se lamentan de la decisión adoptada por el recién elegido presidente de Estados Unidos, en relación con la propuesta de imposición de aranceles a determinados productos procedentes tanto de Europa, como de otras partes del mundo.
El presidente norteamericano, como es lógico y normal, actúa en defensa de los intereses de sus compatriotas, pues son, ni más ni menos que aquellos que le han otorgado un respaldo contundente y mayoritario. Al mismo tiempo, nuestros dirigentes no alcanzan a comprender que, uno de los mayores inconvenientes del crecimiento europeo y no solo del comercio, es la enorme dificultad que ofrecen los procedimientos administrativos presentes en cada una de las actividades económicas que pretendan desarrollarse.
Mientras las grandes potencias mundiales desarrollan tecnología y engrasan la maquinaria productiva, que después exportan por todo el mundo, aquí nos dedicamos a regular hasta lo más absurdo y evidente, perdiendo el tren del crecimiento y perjudicando seriamente a nuestros propios productores.
El marco regulatorio actual no puede resultar más complejo y tedioso y es difícil imaginarlo más potente de lo que ya lo es en la actualidad, suponiendo un auténtico obstáculo para el crecimiento económico, para la competitividad de las empresas en general y para el día a día de los propios ciudadanos en particular.
De vuelta a nuestra latitud y a poco de cumplirse la mitad de legislatura, nuestros responsables de gobierno, deberían valorar seriamente la puesta en marcha de un programa de reducción burocrática que incluya la creación de una Dirección general de simplificación administrativa y que dependa directamente de Presidencia; dada la importancia transversal y estructural que supone sobre la marcha de la economía regional extremeña.
Una dirección general cuyo objetivo primero, sea la aprobación de una ley que reduzca a la mínima expresión posible, la tramitación administrativa de los procedimientos superfluos e identifique y diagnostique todos los trámites que en la actualidad, demoran durante meses y de forma innecesaria, la puesta en marcha de cualquier actividad o ejecución de actuación determinada.
No se pueden descartar las soluciones propuestas por la ciudadanía, que recojan aspectos fundamentales para la dinamización económica regional y que afectan en el día a día de cualquier actividad empresarial.
Habiendo superado el primer cuarto del Siglo XXI y con los avances tecnológicos actuales, no hay excusa para disponer de una administración ágil que además de costarnos un dineral, se dedica a gestionar en muchos casos, obligaciones creadas de difícil justificación. La sociedad demanda el empleo de inteligencia artificial y de mayor número de procedimientos que se resuelvan de forma simultánea mediante declaraciones responsables.
El personal de la administración, en una gran cantidad de secciones, debería cumplir labores de seguimiento y control sobre el buen desarrollo de la ejecución de las actuaciones aprobadas, evitando así que la industria papelera en la que hemos convertido a nuestra administración, siga repercutiendo en la paralización de la economía y en la falta de competitividad de nuestras regiones.
Queremos trabajar y cumplir las normas, pero no esperar 2 años en conseguir autorizaciones que en multitud de ocasiones son de perogrullo. En el ecuador de la legislatura, no hay noticias sobre cambios normativos o borradores de decretos y leyes que concluyan en una simplificación administrativa.
Digitalicemos y automaticemos sistemas de resolución de expedientes, toda vez que disponemos de la información global de nuestra Región e identifiquemos y eliminemos procedimientos repetidos y excesivos. Ampliemos plazos en renovación de planes y autorizaciones expedidas y sobre todo, contemos con el ciudadano, que es quien verdaderamente sufre el día a día de esta dependencia y dejemos de echar la culpa a quien, de verdad, defiende los intereses de aquellos a los que gobierna.
