Enrique Julián Fuentes. Ingeniero Forestal. Ex-Director General en ele Gobierno Popular de José Antonio Monago.
Montehermoso, a 3 de octubre de 2025.
Al hilo del anterior artículo, “Emergencia Rural”, en el que analicé algunas de las causas que concluyeron en sucesos terribles, como los incendios forestales del verano de 2025 —incendios que sólo en Extremadura afectaron a 50.000 hectáreas—, hoy abordaré otros asuntos que generan igual o más preocupación entre agricultores y ganaderos; los verdaderos gestores del mundo rural.
En las últimas semanas se han anunciado las líneas maestras de la reforma de la nueva PAC, que entrará en vigor en 2028 al finalizar el actual programa europeo PAC 2023-2027.
La reforma supone una profunda reestructuración, marcada por un importante recorte presupuestario sobre el vigente (se prevé una reducción del 22%), lo que repercutirá directamente en las ayudas y en la viabilidad de gran parte de las explotaciones agrarias que aún permanecen activas. Cabe recordar que en los últimos 10 años y como consecuencia del aumento de los costes, la baja rentabilidad o el envejecimiento del sector agrario, España ha perdido más de 180.000 explotaciones (INE).
Sin entrar en detalles técnicos de la reforma, como puedan ser la fusión de los dos pilares de la PAC —FEAGA y FEADER (ayudas directas y desarrollo rural)—, o su integración en un fondo único junto a otras políticas comunitarias; el resumen más sencillo que podría extraerse, es la pérdida asegurada de poder adquisitivo para agricultores y ganaderos. Ellos representan el último reducto para el cuidado y el mantenimiento de nuestro medio ambiente rural y la supervivencia de nuestros pueblos, auténtica seña de identidad de cualquier país o región que se precie.
El presupuesto agrícola de la Unión Europea pasaría, con la reforma, a estar incluido en un gran fondo común. Una nueva estructura que centraliza diversos fondos tradicionales de la UE bajo un solo marco financiero, diseñado para sostener distintas políticas comunitarias de manera conjunta y que sitúa a la agricultura comunitaria en competencia directa con otros sectores como el gasto en defensa o las inversiones en el exterior.
Con la pérdida presupuestaria, las inversiones en modernización, comercialización de productos agrícolas o mejoras de infraestructuras de riego, se verían comprometidas en países como España y por ende, en regiones como Extremadura, que aglutina el 25 % aproximado del volumen de agua dulce embalsada del país.
La puesta en marcha de planes nacionales de gestión, con margen de decisión sobre las ayudas agrícolas comunitarias, en detrimento de políticas comunes de rango europeo, motivarán a buen seguro desigualdades entre regiones y países miembros, que tendrán mayor autonomía en la planificación presupuestaria de los fondos.
A pesar de lo anterior, esta transformación profunda en la política agrícola común y en la manera de administrar el presupuesto, no constituye el único desafío que deberán afrontar próximamente los productores agrarios y ganaderos europeos.
La ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), con firma esperada para los próximos meses, tras prolongadas negociaciones y vestido con un manto de importante supresión de aranceles a las exportaciones, añade otro motivo de inquietud para los agricultores y ganaderos extremeños, españoles y europeos.
Este pacto aumentará la competencia sobre numerosas explotaciones agrarias europeas, impulsada por la llegada de productos de bajo precio procedentes de regiones donde las condiciones laborales y ambientales para la producción, son menos exigentes que las requeridas por la UE.
Sectores como el bovino, se arriesgan a que el mercado se sature y a ver disminuidos sus ingresos debido al incremento de importaciones de estos artículos procedentes de Mercosur.
La entrada en vigor de este tratado comercial, supone una fuerte amenaza para el sector agrícola europeo, ya que facilita la entrada de productos del sector primario a precios inferiores y perpetúa desigualdades en las condiciones de producción, tanto sociales como ambientales, incrementando así el riesgo de que la viabilidad económica de nuestras explotaciones rurales se vea aún más comprometida de lo que ya se encuentra en la actualidad.
La reforma de la PAC, el inicio del acuerdo comercial con Mercosur y una política ambiental cada vez más agresiva, asociada a tremendas dosis de burocracia, concluyen irremediablemente en el vaciado del campo y en el éxodo o desplazamiento de los habitantes del medio rural hacia las grandes ciudades.
Esos lugares desde los que se toman las decisiones y desde los que se contempla como, cada vez más, disminuye nuestra producción de calidad y los terrenos naturales y fértiles, pasan a ser gestionados por el fuego, en connivencia con la falta de interés que hoy rige sobre la sociedad.
