Isabel Gil Rosiña considera que las cuentas del Gobierno de María Guardiola carecen de ambición para transformar la región y critica las partidas destinadas a vivienda, empleo y servicios públicos.
El PSOE de Extremadura ha registrado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Extremadura 2027, al considerar que el proyecto presentado por el Gobierno de María Guardiola no aprovecha el incremento de recursos disponibles para impulsar el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado este miércoles la iniciativa y ha defendido la necesidad de unas cuentas con mayor capacidad para transformar la realidad de Extremadura, fortalecer los servicios públicos y avanzar hacia la convergencia económica con el conjunto de España.
La decisión supone el rechazo del Grupo Socialista a un proyecto presupuestario que supera los 9.000 millones de euros y cuya orientación política ha sido cuestionada por la formación.
El PSOE cuestiona los Presupuestos de Extremadura 2027
Gil Rosiña ha argumentado que el crecimiento de las cuentas autonómicas responde fundamentalmente a la evolución favorable de la economía española, al incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica y a las aportaciones de fondos europeos.
Según la portavoz socialista, la mejora del empleo, los salarios y las pensiones ha contribuido a generar un escenario económico favorable que debería aprovecharse para reforzar las políticas públicas y afrontar los desafíos estructurales de Extremadura.
Sin embargo, considera que el Ejecutivo autonómico no ha acompañado ese aumento de ingresos con decisiones presupuestarias suficientemente orientadas a transformar la región.
«Es un presupuesto que crece, pero que carece de la ambición transformadora que necesita la región», ha manifestado.
La representante socialista ha recordado que su grupo ya defendió una posición similar durante la tramitación de las cuentas de 2026, hace apenas cuatro meses, y ha asegurado que la nueva iniciativa responde a la continuidad de sus planteamientos políticos.
Vivienda y empleo, entre las principales críticas socialistas
Uno de los aspectos que ha centrado la intervención de Gil Rosiña ha sido la evolución de las partidas destinadas a políticas económicas, vivienda y empleo.
La portavoz ha señalado que, pese al incremento del presupuesto global, las políticas económicas y de empleo experimentan retrocesos, mientras que la dotación destinada a vivienda únicamente aumenta un 0,8 %, según los datos expuestos por el Grupo Socialista.
El escaso incremento de la inversión en vivienda
Para el PSOE, el aumento del 0,8 % en vivienda resulta insuficiente para afrontar las dificultades de acceso a un hogar, especialmente entre los jóvenes y los sectores de población con menos recursos.
La formación sostiene que el incremento de los recursos autonómicos debería traducirse en medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población y a generar nuevas oportunidades laborales.
Gil Rosiña ha insistido en que Extremadura necesita políticas económicas capaces de impulsar su desarrollo y reducir las diferencias con la media nacional.
Polémica por los 28 millones vinculados a la central de Almaraz
Otro de los asuntos destacados durante la comparecencia ha sido el tratamiento fiscal de las compañías eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz.
Gil Rosiña ha criticado una medida de 28 millones de euros que, según ha denunciado, beneficia a las grandes empresas energéticas vinculadas a la instalación nuclear.
La portavoz socialista ha acusado al Gobierno de Guardiola de priorizar los intereses de las grandes compañías frente a otras necesidades de la ciudadanía.
Estas afirmaciones forman parte de la valoración política del PSOE sobre las medidas fiscales incluidas en el proyecto presupuestario.
La controversia sobre Almaraz introduce así un nuevo elemento de debate en la tramitación de los Presupuestos de Extremadura 2027, especialmente en lo relativo a las prioridades fiscales y económicas del Ejecutivo autonómico.
Educación y servicios públicos, en el centro del debate
El Grupo Socialista también ha expresado su preocupación por la situación de los servicios públicos fundamentales.
Gil Rosiña ha acusado al Ejecutivo autonómico de debilitar progresivamente la educación y otros servicios esenciales durante los tres años de gobierno del Partido Popular.
Desde el PSOE se considera que la disponibilidad de mayores recursos debería permitir reforzar las prestaciones públicas y responder a las necesidades de la población.
Las críticas del PSOE a la gestión del Gobierno de Guardiola
La portavoz socialista ha denunciado lo que considera un deterioro progresivo de los servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo.
Según Gil Rosiña, el Ejecutivo autonómico lleva tres años debilitando estos servicios «de manera paulatina y sigilosa».
La formación considera que el presupuesto debería reforzar las políticas sociales y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejoras para la ciudadanía.
El debate presupuestario enfrenta así diferentes planteamientos sobre la distribución de los recursos autonómicos y las prioridades de gasto público.
La alternativa socialista a los Presupuestos de Extremadura 2027
La enmienda a la totalidad registrada por el Grupo Parlamentario Socialista solicita la devolución del proyecto presupuestario al Gobierno autonómico.
No obstante, Gil Rosiña ha defendido que la iniciativa también pretende presentar criterios alternativos para la elaboración de las cuentas regionales.
«Nuestra enmienda no solo desmonta aquello que creemos que es perverso para la región, sino que también aporta sobre la base de qué criterios haríamos nosotros unas cuentas en Extremadura», ha explicado.
Según la portavoz, el PSOE plantea orientar los recursos disponibles hacia el fortalecimiento de los servicios públicos, la dinamización económica, la creación de empleo y las políticas que permitan avanzar en la convergencia de Extremadura con la media española.
La formación defiende que los más de 9.000 millones de euros contemplados en las cuentas autonómicas deben utilizarse para afrontar los desafíos económicos y sociales de la comunidad.
