Los socialistas plantean modificaciones en sanidad, dependencia, infraestructuras, vivienda y educación. Isabel Gil Rosiña critica la falta de planificación del Gobierno de María Guardiola y cuestiona sus prioridades fiscales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado 842 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2027, con una dotación conjunta de 1.346,95 millones de euros. La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha presentado este lunes las propuestas, con las que su formación pretende modificar las prioridades de gasto del Ejecutivo autonómico.
Gil Rosiña ha defendido que las iniciativas responden a las necesidades trasladadas por distintos sectores de la sociedad extremeña y constituyen una alternativa al proyecto presupuestario de la Junta. La portavoz ha reconocido, no obstante, que el PSOE no espera que el Gobierno acepte sus planteamientos.
«Nuestra tarea no es ganar los debates en la tribuna del Parlamento, sino ganarnos la confianza de los ciudadanos», ha señalado durante su comparecencia.
Las propuestas socialistas abarcan prácticamente todas las áreas de gestión autonómica. La mayor cuantía corresponde a sanidad y atención a la dependencia, con 108 enmiendas que movilizan más de 647 millones de euros.
En infraestructuras, transporte y vivienda se han presentado 188 modificaciones por más de 173 millones, mientras que agricultura, ganadería y medio natural concentran 65 propuestas valoradas en 122 millones.
El PSOE también plantea 85 enmiendas en educación y formación profesional, por más de 107 millones, y otras 91 en industria, energía, ciencia y territorio, con una dotación de 101 millones.
En empleo, economía y transformación digital, los socialistas proponen actuaciones por 98,16 millones de euros. A estas se añaden iniciativas en cultura, turismo, deporte, servicios sociales y administración pública.
Dependencia, servicios públicos y fiscalidad, principales críticas del PSOE
Durante su intervención, Gil Rosiña ha situado la atención a las personas mayores entre los principales desafíos que, a su juicio, no reciben una respuesta suficiente en las cuentas autonómicas.
La portavoz ha asegurado que numerosos ayuntamientos extremeños reclaman más recursos para reforzar los servicios destinados a este colectivo, especialmente ante el envejecimiento de la población.
«No hay en estos presupuestos una respuesta a uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, que es cómo vamos a cuidar y atender a nuestros mayores», ha afirmado.
En materia educativa, ha criticado el coste que pueden representar para las familias servicios como el comedor escolar y el aula matinal. Según sus cálculos, estos gastos pueden acercarse a los mil euros anuales por familia.
Gil Rosiña también ha cuestionado las previsiones económicas del proyecto y ha aludido a las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aunque no ha concretado en su intervención los indicadores a los que se refiere.
Otro de los puntos de discrepancia es la modificación de la ecotasa. La representante socialista ha denunciado que la rebaja fiscal prevista para las compañías eléctricas supone, según sus cifras, una reducción de ingresos de 28 millones de euros.
El PSOE considera que esta decisión limita los recursos disponibles para financiar los servicios públicos. Gil Rosiña ha vinculado además la medida a los acuerdos políticos que sostienen al Gobierno de María Guardiola, una interpretación que ha presentado como parte de su crítica a la política presupuestaria autonómica.
La portavoz ha defendido asimismo las propuestas de su grupo en materia de prevención de incendios, entre ellas una partida de diez millones de euros para perímetros de protección y cortafuegos municipales. Según ha explicado, el Ejecutivo regional incorporó posteriormente una iniciativa similar.
Con estas enmiendas, los socialistas pretenden centrar el debate parlamentario en la financiación de los servicios públicos, las necesidades de los municipios y el desarrollo económico de Extremadura. Su aprobación dependerá ahora de la tramitación del proyecto presupuestario en la Asamblea.
