- El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado dos nuevos programas de colaboración económica municipal (PCEM) en materia de servicios sociales, dotados con 7,8 millones de euros, junto a dos convocatorias de ayudas, a las que se destinan 9 millones de euros, para apoyar al sector vitivinícola en Extremadura.
Mérida, a 24 de marzo de 2026.
Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión, donde ha explicado, en relación con la primera partida, que se destinarán 4,3 millones de euros «a garantizar la atención a las personas mayores autónomas o con un grado de dependencia de nivel uno, es decir, con una dependencia leve», en centros de día y centros de noche. Como novedad este año «aumentamos el número de plazas, que pasan de 2.209 en 2025 a 2.404 en 2026».
Con ello, según la portavoz, se persigue «apoyar la permanencia en los hogares el máximo tiempo posible, pero garantizando servicios de calidad cerca de casa». El objetivo, ha añadido, es que accedan a plazas residenciales cuando su situación de dependencia se vea agravada.
Dentro de este mismo programa se financiará el servicio de proximidad y atención a la soledad de personas mayores. Para ello, «duplicamos la dotación de un servicio fundamental en nuestros pueblos, sobre todo en zonas rurales, que también contribuye a fijar población». Se destinarán 3,5 millones de euros, 1,5 más que en 2025. Según la portavoz, se han modificado algunos requisitos con el fin de alcanzar a más ayuntamientos.
«Lo que hemos hecho es aumentar el límite de habitantes por kilómetro cuadrado exigido para acceder a las ayudas, de manera que ahora abarca localidades que tengan entre 0 y 6,25 habitantes por kilómetro cuadrado». Con esto se espera alcanzar a 79 municipios en este ejercicio 2026, frente a los 45 de 2025 o a los 18 de 2024, ha detallado Elena Manzano.

AYUDAS AL SECTOR VITIVINÍCOLA
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una línea de ayudas al sector vitivinícola, dotada con 11 millones de euros. De ellos, 9 millones se destinarán a impulsar procesos de reestructuración y reconversión de viñedos, y otros 2 se dirigen a la destilación de residuos del vino.
En la primera línea de ayudas se incluyen las reconversiones de variedades de uva por otras que se adapten mejor a las condiciones del cultivo o el mercado, replantaciones motivadas por motivos sanitarios o fitosanitarios, o mejoras técnicas en la gestión, entre otras, tal y como han indicado la portavoz del Ejecutivo en funciones.
Mientras, la segunda favorecerá que los productores puedan cumplir con la normativa que les obliga a retirar y eliminar los residuos que se generan en el proceso, tales como orujos o lías del vino, que suelen aprovecharse en las destilerías donde se transforman en alcohol para uso industrial o energético. Según ha indicado la portavoz; «queremos apoyar a un sector clave en nuestra región, garantizar la calidad del vino y favorecer una gestión más sostenible del medio ambiente».

