Mérida, a 12 de septiembre de 2023
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes un decreto-ley de medidas económicas urgentes para ayudar a las familias extremeñas y al tejido empresarial de la región, según ha anunciado en rueda de prensa la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
Se trata -ha enfatizado la presidenta del Ejecutivo regional- de una «primera bajada de impuestos» con la que se pretende hacer frente al «impacto» que la inestabilidad económica provoca en los hogares extremeños y aumentar la renta disponible de los ciudadanos de la región. Las medidas, ha agregado, tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.
Entre las medidas adoptadas hay que destacar la bajada del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el tramo autonómico. Se trata de una reducción de los tipos de gravamen en los dos primeros tramos hasta situarlos en el 8 y en el 10 por ciento, respectivamente.
La bajada, ha manifestado María Guardiola, va a beneficiar a todos los contribuyentes pero lo hará en mayor medida a los contribuyentes que tengan rentas bajas y rentas medias.
Son muchos los extremeños, ha señalado, los que van a dejar de pagar los tipos más elevados en este impuesto, al tiempo que se ha limitado el impacto de la bajada en los tramos superiores. Como ejemplo, ha indicado que aquellos contribuyentes con una base imponible inferior a 20.200 euros tendrán un ahorro de casi 300 euros al año mientras que los que estén por encima de los 60.000 euros percibirán un ahorro de unos 43 euros al año.
Por otra parte, para compensar el elevado coste de los alquileres y como medida de fomento de la emancipación de los jóvenes se eleva a un 30 por ciento la deducción de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual, con un límite de 1.000 euros anuales que se amplía a 1.500 euros en el caso de la vivienda habitual en una zona rural de menos de 3.000 habitantes. Además, se incluye como novedad que podrán beneficiarse de esta medida las familias monoparentales.
Además, el decreto ley aprobado establece una bonificación del 100 por cien en el Impuesto del Patrimonio con el objetivo de atraer a la Comunidad Autónoma más talento con capacidad inversora, es decir, «personas que puedan generar más oportunidades», según ha precisado la presidenta de la Junta. La supresión de este impuesto tiene como objetivo que las personas físicas se establezcan en Extremadura y fijen su residencia fiscal en la región.
María Guardiola ha subrayado también la urgencia de corregir una situación de desigualdad que lastra el crecimiento y que se refiere al denominado Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, es decir, el impuesto de matriculación.
Así, para determinados tipos de vehículos se va a establecer el tipo aplicable en el 14,75 por ciento para promover la matriculación y para evitar la deslocalización en la adquisición de vehículos y pudiendo respaldar además a este sector.
Finalmente, en materia impositiva, se va a eliminar el impuesto sobre las viviendas vacías a grandes tenedores, que no ha entrado en vigor, y se van a mantener los beneficios fiscales de la actual Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
TARIFA 0 PARA NUEVOS AUTÓNOMOS
Por otra parte, la presidenta de la Junta de Extremadura ha desgranado algunas medidas de acompañamiento a esta bajada de impuestos, entre las que destaca la implantación de la Tarifa 0 para los nuevos autónomos que residan en Extremadura.
De este modo, los autónomos que inicien su actividad van a recibir una subvención que cubra la cotización mensual durante un año, es decir, una cifra de 960 euros al año para poder afrontar el coste del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Se trata, ha agregado la presidenta, de la primera medida de las que van a conformar el Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo 2023-2027 que ya se está elaborando.
En cuanto a medidas de carácter social, el Ejecutivo ha acordado, como medida de reconocimiento y apoyo a las familias extremeñas acogedoras de menores, elevar de 169 euros a 360 euros la ayuda a estas familias por cada menor acogido. Su aplicación va a tener efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y se va a abonar el próximo mes de diciembre, según ha avanzado la presidenta.
Finalmente, el decreto-ley incluye la aprobación de ayudas directas a los productores de cereza y también el incremento de la partida presupuestaria para el fomento de la contratación de los seguros agrarios.
Con el objetivo de apoyar a las explotaciones cereceras por los daños causados por las tormentas de los pasados meses de mayo y junio, la Junta de Extremadura ha querido responder aportando 1.400.000 euros, con ayudas para las que se fija un importe máximo de 2.500 euros por hectárea.
Con estas medidas -ha reiterado la presidenta de la Junta- el Consejo de Gobierno ha pretendido dar «un paso crucial» para introducir medidas «útiles» que lleguen tanto a las familias como al tejido económico. Ha justificado además la aprobación por la vía de urgencia en la necesidad de «responder de inmediato a esos sectores que estaban demandando ayuda» y que llevaban «mucho tiempo sin ser escuchados».
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