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    Análisis sobre la economía

    OPINIÓNAnálisis sobre la economía

    José Carlos Díez Director de la cátedra Orfin Universidad Alcalá, economista y analista económico.

    La pasada semana quedó resuelta la sesión de investidura. El resultado del pasado 23 de julio fue incierto y exigía el acuerdo con Junts y la complejidad de negociar con su líder en Bruselas donde sigue fugado de la justicia desde 2017. Desde 1993 estamos acostumbrados a negociaciones de este tipo para formar mayorías. No obstante, hay dos matices que diferencian la situación actual: el PSOE tiene tan sólo121 escaños y es segunda fuerza, muy lejos de los 169 escaños que obtuvo Zapatero en 2008 antes de la crisis, y eso provoca que vaya a las negociaciones con una posición muy débil para negociar.
    Y el segundo cambio es que los dos partidos nacionalistas catalanes rechazan públicamente la Constitución y mantienen una agenda de autodeterminación, a la que se han sumado y han incluido en los pactos Bildu y el PNV. Esto último es lo que más han destacado los principales medios que leen los inversores internacionales que compran nuestra deuda, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal y The Economist, poniendo a España en el foco de nuevo especialmente por los altercados de las manifestaciones en Madrid rechazando los acuerdos. Tan sólo Financial Times hizo una editorial apoyando los acuerdos si sirven para que Junts y ERC abandonen la vía unilateral de la independencia y abran un periodo de diálogo.

    CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN CON UNA PROPOSICIÓN DE LEY YA HA DESPERTADO LOS RECELOS EN BRUSELAS
    La mayor complejidad es el encaje jurídico de Junts y Puigdemont. Los constituyentes en 1978 rechazaron dos enmiendas que pedían incluir la amnistía en la Constitución y fue clara su intención de dejarla fuera. Así lo reconocía el propio Pedro Sánchez antes del 23J y su ministro de Justicia, hoy miembro del Tribunal Constitucional. Se puede cambiar la Constitución, ya se hizo en 2011, pero con los trámites que marca la misma. Cambiarla con una proposición de ley ya ha despertado los recelos en Bruselas con una carta del Comisario de Justicia pidiendo información detallada de esta nueva ley al Gobierno. Si el Constitucional avala esa ley, la Comisión tiene poco que hacer y quedaría todo en manos del Tribunal Superior de Justicia Europeo en el caso de que haya un recurso, que es muy probable que así sea. Pase lo que pase, entrar en el grupo de Polonia y Hungría y los países que no respetan la regla de la ley y los procedimientos constitucionales tiene un elevado coste reputacional para España frente a nuestros socios europeos.
    Lo que ha generado el rechazo unánime de todos los estamentos del sistema judicial español -jueces, fiscales, abogados del estado, abogados privados- ha sido la inclusión del término lawfare en el acuerdo con Junts. El término traducido del inglés es una guerra jurídica y ha sido utilizado por Cristina Fernández de Kichner en Argentina y Nicolas Maduro en Venezuela. Con ese cambio legal, se podría acusar a jueces, fiscales y abogados de persecución política, lo cual sería un delito penal de prevaricación. El PSOE ha salido a desmentir que se vaya a incluir en nuestro sistema legal pero la realidad es que el término aparece explícitamente en el acuerdo con Junts con el logo del PSOE. Si la intención es no aplicarlo, el partido de Pedro Sánchez debería haber exigido no incluirlo en el acuerdo.
    LA ECONOMÍA NO HA SIDO LA PRIORIDAD DEL ACUERDO CON JUNTS, TAMPOCO CON ERC Y SÍ LO HA SIDO CON SUMAR, CON BILDU, PNV Y COALICIÓN CANARIA
    En el acuerdo con Junts se incluye la cesión de los tributos que se recaudan en Cataluña a la Generalitat y se ha interpretado como un cupo vasco. De nuevo el PSOE ha negado que se vaya a producir esa cesión pero de nuevo ha permitido que aparezca en el pacto con el logo del partido. Un cupo catalán, similar al cupo vasco, acabaría con el modelo cuasi federal de nuestra Constitución y del estado autonómico para pasar a un modelo confederal, similar al de la Unión Europea donde el poder residiría en las regiones y dejaría al centro sin recursos para ejercer la esencia del movimiento obrero y del Psoe desde su creación: diseñar un sistema tributario progresivo donde las rentas medias altas pagan tipos mayores que las rentas medias bajas para desarrollar un estado de bienestar que evite situaciones de pobreza y garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta y del lugar en el que residan del territorio.

    EL MITO DE ESPAÑA NOS ROBA…
    Esto último ha quedado mucho más explícito en el acuerdo con ERC y reconozco que ha tenido un fuerte impacto emocional para este economista observador. Desde el tripartito catalán presidido por Pascual Maragall, anterior a la crisis de 2008, comenzó a gestarse el mito de España nos roba y fue liderado en un principio por economistas del PSC como el consejero Castells. Posteriormente con Mas-Colell, siendo consejero de economía, formó un grupo de economistas catalanes de universidades de prestigio internacional. El España nos roba fue el germen del relato épico que los políticos independentistas usaron para decirles a los catalanes que con la independencia vivirían mejor.
    Pepe Borrell, este economista observador y pocos más nos dejamos la piel en los medios para explicar la falacia del maltrato fiscal a los catalanes, con un enorme desgaste personal. España tiene cuatro impuestos que explican el 75% de los ingresos del estado: cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, IVA e impuesto de sociedades. La cotización va íntegra a pagar pensiones y desde 2007 es insuficiente por eso la SS acumula una abultada y creciente deuda con la administración central, como se puede observar en el gráfico anterior. Del IRPF y el IVA se cede el 50% de la recaudación a las CCAA. El IRPF es progresivo y recaudó en 2022 109.000 mill y el IVA es proporcional y recaudó 82.000 mill.
    Por lo tanto, el IRPF explica el 60% de los ingresos públicos cedidos a las CCAA y que gestiona la administración central para redistribuir y, al ser progresivo, explica la mayor parte de las balanzas fiscales de las CCAA. Cataluña tiene una renta por habitante y salarios más altos que Extremadura o Andalucía y por eso paga más al IRPF y tienen una balanza fiscal negativa.
    Madrid tiene salarios más altos que Cataluña, especialmente en los tramos del tipo máximo del impuesto por encima de 60.000 euros donde más se recauda, y por eso tiene una balanza fiscal más negativa que Cataluña.
    Madrid no paga impuestos, los pagamos los madrileños. Yo pago cada trimestre y cada año mucho dinero en impuestos y cuando mi asesor fiscal me dice lo que me van a cargar en mi cuenta del banco no pienso que el estado me roba, pienso que estoy contribuyendo a pagar pensiones mínimas no contributivas para evitar que millones de pensionistas vivan en la indigencia, el ingreso mínimo vital de mucha gente que está en claro riesgo de exclusión, la educación de nuestros jóvenes o la sanidad de nuestros mayores. Ver el logo del PSOE en el pacto con ERC y de Junts asumiendo en la introducción todo el relato falso de los independentistas ha sido muy duro para este economista observador.

    OTRO TEMA QUE HA GENERADO POLÉMICA HA SIDO LA SOLICITUD DE CESIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL PAÍS VASCO
    De nuevo el PSOE ha tenido que salir a desmentir que se vaya a romper la caja única pero todas las asociaciones de funcionarios de la Seguridad Social han publicado un comunicado conjunto advirtiendo que un sistema confederal sería el fin de la capacidad redistributiva de la columna vertebral de nuestro estado del bienestar como es el sistema público de pensiones.
    En el cuadro anterior se puede comprobar que el sistema de pensiones en el País Vasco tuvo un déficit en 2022 de 4.000 millones de euros. Son una de las poblaciones más envejecidas y tiene un ratio de número de cotizantes por jubilado de 1,7, muy inferior al de Madrid que con 2,8 de nuevo vuelve a ser el principal contribuidor al sistema, como sucede en el IRPF. Si se produce la cesión, el Gobierno vasco debería asumir esos 4.000 mill en la negociación del cupo y la deuda acumulada desde 2007 por el sistema en su región. Parece que sólo quieren la gestión para poner el logo del Gobierno vasco y que los pensionistas crean que son ellos los que pagan su pensión. Pero la realidad es que uno de cada tres euros de todas las pensiones vascas se financian con deuda pública que van a pagar los hijos de todos los españoles, no sólo de los vascos.
    El cuadro muestra un escenario muy preocupante que empeorará ahora que comienza a jubilarse mi generación del baby boom. Para pagar una pensión media hacen falta tres cotizantes y ahora sólo hay dos. Para revertir ese déficit de un tercio de las pensiones que se pagan es necesario: contener el crecimiento del gasto en pensiones, aumentar la tasa de empleo y las horas trabajadas, mejorar la productividad y los salarios, retrasar la edad efectiva de jubilación evitando prejubilaciones e incentivando el trabajo a tiempo parcial con la pensión, reducir el porcentaje de la primera pensión con el último salario y querer mucho a los inversores que con compran la deuda pública y financian un tercio del dinero que reciben nuestros pensionistas. Nada de esto está en los pactos de la pasada semana.

    RECORDEMOS QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL ESTÁ MUY DÉBIL
    Analizados los principales efectos económicos de los pactos toca analizar ya la acción del Gobierno. La legislatura comienza con el comercio internacional casi estancado, especialmente la demanda de importaciones de nuestros socios europeos que explica dos tercios de las exportaciones españolas. La inflación ha moderado pero ha sido necesario subir los tipos del BCE al 4% y dejar de comprar deuda pública para conseguirlo y todo parece que los tipos seguirán a esos niveles aún por un periodo indeterminado. El principal riesgo es que la crisis en Gaza se contagie a Irán y se cierre el estrecho de Ormuz y se restrinja el petróleo que hay en el mercado, como sucedió en 1979. Con la economía mundial tan débil provocaría una recesión y aumento de la inflación, con riesgo de nuevas subidas de tipos de los bancos centrales.
    Otro riesgo empieza a ser la deuda pública de EEUU que tiene un déficit este año próximo al 8% del PIB, que anunció la semana pasada una emisión de bonos extraordinaria de 110.000 millones y que sentó muy mal al mercado. Ya advertí en septiembre que China había dejado de acudir a las subastas del Tesoro de EEUU y la Fed tampoco va. Más oferta de bonos y menos demanda implica tipos de interés más altos. La pasada semana hubo tensión en la subasta de un bono a 30 años que se resolvió 18 pb por encima de lo previsto.

    LA POLÍTICA FISCAL TAMBIÉN VA A CAMBIAR EN 2024
    El ministro de finanzas alemán ya ha dicho en los medios que hay acuerdo para las nuevas reglas fiscales y se mantienen los principios básicos del six pack aprobado en 2010: los países tendrán que reducir su déficit estructural y su deuda y queda ver los detalles de la intensidad de ese ajuste que seguramente se aprobaran en el próximo Ecofin.

    Desde la pandemia la Comisión desactivó el Pacto de Estabilidad y los países no han tenido que tomar medidas de ajuste. En 2009 España tenía un déficit del 11% del PIB y el Pacto de estabilidad exige no superar el 3%. Ahora la previsión para 2023 es que cierre próximo al 4% y el ajuste necesario es infinitamente inferior. Bastaría con contener el gasto, especialmente en pensiones y sanidad, las dos partidas que más crecen, y normalizar los tipos del IVA de la electricidad y el gas como nos recomendó el Consejo Europeo.

    Lo más complejo tras los pactos y la composición del parlamento será tomar medidas de ajuste del déficit estructural que permitan reducir la elevada deuda pública que tiene España. Desde 2023 el gasto público acabará próximo al 47% del PIB, 5 puntos más que en 2019 antes de la pandemia y 8 puntos más que en 2007 antes de la crisis financiera. Buena parte de ese aumento de gasto lo han

    realizado las CCAA, también las gobernadas por el PP, pero su deuda pública sobre PIB es similar a la de 2019 y todo aumento de la deuda la ha asumido la administración central del estado. A eso habrá que sumar la condonación comprometida de deuda con el FLA que transfiere el pago de intereses a la administración central y la transferencia de gastos de la Seguridad Social también asumidos por la Administración Central.

    Por lo tanto, será la administración central la que tenga que asumir un aumento del pago de intereses de esa deuda de más de 10.000 mill anuales y además la que tendrá que soportar la mayor parte del ajuste de déficit estructural que exija Bruselas. La Administración central sobre todo gasta en funcionarios, ha recudido su plantilla más del 10% desde 2010 y tiene escaso margen para recortar gasto, por lo tanto el ajuste vendrá con aumento de impuestos. En los últimos 5 años este Gobierno ha aumentado la presión fiscal en España 5 puntos porcentuales y será mayor cuando se eliminen las bajadas del IVA de electricidad, gas y alimentos, pero serán necesarias más subidas de impuestos para revertir el déficit estructural.

    La legislatura anterior fue excepcional por la pandemia y Pedro Sánchez sacó la mayor parte de las leyes complicadas durante el confinamiento gracias a los votos del PP y Ciudadanos. Ahora Ciudadanos ya no tiene representación en el Parlamento y es poco probable que Feijóo le de la mínima concesión o tendría una rebelión interna de Díaz Ayuso y perdería votos por su derecha con Vox. Puigdemont ha sido explícito y toda la legislatura queda sujeta a que se avance en los acuerdos del Pacto y no ha garantizado ni la aprobación de los presupuestos para 2024.

    Por lo tanto, vamos a una legislatura con escasa actividad legislativa y muy supeditada a la agenda catalana y vasca. La ventaja es que los diferentes gobiernos van muy atrasados en la ejecución de gasto del Next Generation y ya están aprobados en su mayor parte, por lo que si se ejecutan, el impacto de prorrogar los presupuestos sobre el PIB y el empleo serían mínimos. El principal problema es si las cosas se complican y hay que tomar medidas urgentes y el gobierno no tiene apoyo suficiente en la Cámara.

    La principal amenaza sería una crisis del petróleo pero el mayor riesgo es que veamos algún episodio de inestabilidad financiera en los mercados, tengamos problemas para financiar la deuda pública y sea necesario aprobar medidas de ajuste. Ese escenario recuerda a la situación de Portugal en 2011 donde el primer ministro Sócrates no pudo aprobar el plan de ajuste y decidió anticipar elecciones que derivó en un desplome de los votos de izquierda y una victoria por mayoría absoluta de la derecha.

    Son escenarios de riesgo y espero y deseo que no sucedan ya que, como sucedió en 2008, los que más sufrirían serían los de abajo y los que ya sufren ahora la precariedad laboral, el paro y el aumento de la inflación.


    Otro riesgo empieza a ser la deuda pública de EEUU que tiene un déficit este año próximo al 8% del PIB, que anunció la semana pasada una emisión de bonos extraordinaria de 110.000 millones y que sentó muy mal al mercado. Ya advertí en septiembre que China había dejado de acudir a las subastas del Tesoro de EEUU y la Fed tampoco va. Más oferta de bonos y menos demanda implica tipos de interés más altos. La pasada semana hubo tensión en la subasta de un bono a 30 años que se resolvió 18 pb por encima de lo previsto.

    LA POLÍTICA FISCAL TAMBIÉN VA A CAMBIAR EN 2024
    El ministro de finanzas alemán ya ha dicho en los medios que hay acuerdo para las nuevas reglas fiscales y se mantienen los principios básicos del six pack aprobado en 2010: los países tendrán que reducir su déficit estructural y su deuda y queda ver los detalles de la intensidad de ese ajuste que seguramente se aprobaran en el próximo Ecofin.
    Desde la pandemia la Comisión desactivó el Pacto de Estabilidad y los países no han tenido que tomar medidas de ajuste. En 2009 España tenía un déficit del 11% del PIB y el Pacto de estabilidad exige no superar el 3%. Ahora la previsión para 2023 es que cierre próximo al 4% y el ajuste necesario es infinitamente inferior. Bastaría con contener el gasto, especialmente en pensiones y sanidad, las dos partidas que más crecen, y normalizar los tipos del IVA de la electricidad y el gas como nos recomendó el Consejo Europeo.
    Lo más complejo tras los pactos y la composición del parlamento será tomar medidas de ajuste del déficit estructural que permitan reducir la elevada deuda pública que tiene España. Desde 2023 el gasto público acabará próximo al 47% del PIB, 5 puntos más que en 2019 antes de la pandemia y 8 puntos más que en 2007 antes de la crisis financiera. Buena parte de ese aumento de gasto lo han realizado las CCAA, también las gobernadas por el PP, pero su deuda pública sobre PIB es similar a la de 2019 y todo aumento de la deuda la ha asumido la administración central del estado. A eso habrá que sumar la condonación comprometida de deuda con el FLA que transfiere el pago de intereses a la administración central y la transferencia de gastos de la Seguridad Social también asumidos por la Administración Central.
    Por lo tanto, será la administración central la que tenga que asumir un aumento del pago de intereses de esa deuda de más de 10.000 mill anuales y además la que tendrá que soportar la mayor parte del ajuste de déficit estructural que exija Bruselas. La Administración central sobre todo gasta en funcionarios, ha reducido su plantilla más del 10% desde 2010 y tiene escaso margen para recortar gasto, por lo tanto el ajuste vendrá con aumento de impuestos. En los últimos 5 años este Gobierno ha aumentado la presión fiscal en España 5 puntos porcentuales y será mayor cuando se eliminen las bajadas del IVA de electricidad, gas y alimentos, pero serán necesarias más subidas de impuestos para revertir el déficit estructural.
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    Por lo tanto, vamos a una legislatura con escasa actividad legislativa y muy supeditada a la agenda catalana y vasca. La ventaja es que los diferentes gobiernos van muy atrasados en la ejecución de gasto del Next Generation y ya están aprobados en su mayor parte, por lo que si se ejecutan, el impacto de prorrogar los presupuestos sobre el PIB y el empleo serían mínimos. El principal problema es si las cosas se complican y hay que tomar medidas urgentes y el gobierno no tiene apoyo suficiente en la Cámara.
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