Enrique Julián.
Montehermoso, a 4 de septiembre de 2024
Al Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), empleando las palabras del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), es un “documento muy completo que incluye las intervenciones o medidas que se aplicarán entre 2023 y 2027 para dar respuesta a las necesidades del campo español y así alcanzar los objetivos de la PAC y del Pacto Verde Europeo”.
El PEPAC es fruto de un proceso de programación iniciado en el año 2018 y dividido en dos categorías principales, como son, “Diagnóstico y análisis de necesidades”, por un lado y “Estrategia de intervención”, por otro.
En la elaboración del Plan estratégico, participaron multitud de actores y entidades representativas de los distintos estratos de la sociedad, formadas por gobiernos regionales y locales, agentes sociales, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y organizaciones ecologistas de ámbito nacional, entre otras.
La Política Agraria Comunitaria es, sin duda, el mayor instrumento de gestión y control del campo y por ende, la base de la rentabilidad o, mejor dicho, de la viabilidad de las explotaciones agrarias y de nuestros agricultores y ganaderos.
Sin los incentivos económicos que aporta la PAC, sería imposible sacar adelante hoy en día una explotación agraria, debido a que cada vez y a diferencia de lo que ocurre con los productos procedentes de otros países ajenos a la Unión Europea, se exigen mayores obligaciones administrativas y ambientales, que van minando poco a poco la capacidad de obtener una renta neta al final de cada ejercicio económico.
Resulta realmente complejo garantizar el relevo generacional en el sector de la agricultura y la ganadería y conviene recordar también, que los requerimientos que se añaden año tras año, vienen a dar la puntilla definitiva para aquellos que hayan tenido la osadía de pensar en dedicarse en cuerpo y alma a la actividad agrícola y ganadera.
Pero no solo de agricultores y ganaderos se nutre el medio rural y el sector agrario, cuya propia definición aglutina al sector forestal. A modo de ejemplo y como bien he recordado en otras muchas ocasiones, la superficie de Extremadura está ocupada en dos terceras partes por terrenos forestales.
Terrenos forestales, de los cuales, la mitad son espacios arbolados en formaciones adehesadas de quercíneas y agrupaciones boscosas de coníferas o frondosas; mientras que la mitad restante, estaría ocupada por pastizales irregulares de secano.
A esta superficie forestal, que ocupa casi el 70 % del total de Extremadura, quiero dedicarle el presente artículo y vincularlo con las necesidades de inclusión de este sector, dentro de la Política Agraria Comunitaria y del PEPAC vigente.
El sector forestal es, a pesar de su imponente territorio, potencial económico y de ser el albergue de multitud de hábitats de especies de fauna y flora silvestres, el gran olvidado de esta célebre película mal guionizada y peor dirigida.
Los propietarios de terrenos forestales que tienen acceso a alguna subvención, gozan de ayudas mínimas, por no decir ridículas, para custodiar y mantener un territorio del que se beneficia el conjunto de la sociedad a través de la salud que aporta un espacio natural bien gestionado.
Los jóvenes que quieran dedicarse a la actividad maderera o forestal, conforme a la legislación vigente, no tienen posibilidad de acceso a programas de ayudas para la incorporación a la empresa agraria, como sí las tienen en cambio, los jóvenes agricultores y ganaderos, a pesar de que su actividad es igual de primaria, noble y respetable.
No existen ayudas financiadas por Europa para mantener en buen estado una propiedad o territorio forestal, lo que conlleva al desprecio más absoluto hacia nuestra profesión y conduce al abandono más evidente del territorio, que queda en manos de la gestión de la madre naturaleza, a través del fuego y los incendios forestales, que son los que sí parecen interesar a la clase política de cualquier índole, durante los escabrosos minutos del telediario de la época estival.
No puede haber pacto verde sin una política forestal viva y sin el reconocimiento a los profesionales y propietarios de un sector que aglutina la inmensa mayoría de nuestra superficie.
Urge una profunda revisión del Plan Estratégico de la PAC, para que pueda ser tomado realmente como un documento de rigor y tan “completo”, como reza la definición que de él concibe el propio Ministerio.
