Restauración de empleo y salud pública

OPINIÓNRestauración de empleo y salud pública

Enrique Julián. Ingeniero Forestal.

Montehermoso, a 27 de octubre de 2024

El árbol no deja ver el bosque. Este aforismo tantas veces escuchado, podría entenderse como un despiste sobre el elemento principal, si nos paramos a examinar los detalles. Pero a la vez, se completa con la necesidad de coger perspectiva para abarcar una visual mayor que ayude a dilucidar un asunto o problema en cuestión.


En un país donde la tasa de desempleo alcanza el 11,27% (2,75 millones de parados según el INE de julio de 2024) y en el que la superficie forestal supera las 26 millones de hectáreas (12 de ellas desarboladas), se echa en falta una política forestal activa, centrada en el empleo y por consiguiente, en la salud pública.

Más que una política forestal activa, lo que se precisa es una estrategia forestal a gran escala, sensata y que pueda ser llevada a cabo para obtener una mejora del territorio y de los habitantes que se asientan en los entornos forestales; entornos relacionados con los núcleos rurales y a su vez, con el área que abarca la denominada España vaciada.


Según los datos publicados por la Revista FORESTA (nº89/2024) y aludiendo a multitud de fuentes consultadas, en los últimos 142 años se repoblaron en España 5,1 millones de hectáreas (10% del territorio nacional), admitiendo como período más prolífico, el comprendido entre los años 1940 y 1977, período en el que se restauró forestalmente, la nada desdeñable cifra de 3,2 millones de hectáreas, que suponen el 63 % de la superficie total repoblada durante el período de estudio.
Desde el inicio del Siglo XXI, la cifra de superficie repoblada en España, mayormente a través de programas de forestación de tierras agrarias, alcanza las 737.000 Has (14,5 % sobre el total de superficie repoblada del período de análisis y estudio mencionado).


Una hectárea media de monte repoblado, equivale a 12 jornales de trabajo, teniendo en cuenta todas sus partidas o actuaciones necesarias que, traducido en datos macroeconómicos, convertirían una inversión de 100 millones de euros, en 150.000 jornales de trabajo directo para restaurar ambientalmente una superficie degradada de 10.000 Has a través de nuevas repoblaciones forestales.
Pero además de los beneficios directos, que son más que evidentes y explícitos al transformarse en puestos de trabajo real, de forma indirecta se obtendría empleo asociado a la actividad forestal y beneficios económicos notables en empresas de consultoría, obras y servicios ambientales, empresas de prevención de riesgos laborales, asesorías y gestorías laborales y fiscales, empresas de protección de datos, empresas de venta y alquiler de maquinaria, talleres de reparación, ferreterías industriales, empresas de alquiler de vehículos, estaciones de servicio, restaurantes, hoteles y un largo etcétera de actividades económicas que funcionarían a pleno rendimiento y que generarían a su vez, suculentos ingresos a las arcas públicas a través de impuestos como el del IVA.


Igualmente se obtendrían beneficios ambientales; esos que tanto se demandan mediante obligaciones reiteradas a la población, muchas veces en forma de impuestos injustificables y que sin coste añadido alguno, se traducirían en mejoras en la calidad del aire y de la salud de las personas, mejora y aumento de la biodiversidad, mejora de las condiciones del suelo y del agua, disminución del riesgo de erosión y desertificación, disminución del riesgo de sufrir incendios forestales, disminución de emisiones de CO2, mejora e higiene sanitaria del arbolado, obtención de una densidad óptima de arbolado, mejora de calidad de la masa remanente y mejora del valor paisajístico y recreativo del monte, por citar algunos sencillos ejemplos, sin olvidar la educación ambiental y el respeto y cuidado por el medio ambiente. Algunos se preguntarán de donde saldría el presupuesto para sufragar la ejecución de este proyecto, para nada faraónico, por cierto. Pues la respuesta es más sencilla todavía. El coste de la restauración ambiental a gran escala, para 10.000, 100.000 o 1 millón de hectáreas, sería asumido por el impuesto a los hidrocarburos, existente en la actualidad, pero destinado a otros fines que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente a pesar de su evidente grado de afección en la naturaleza y en la salud pública.


Este ingreso sería canalizado a través de implementar el “céntimo forestal” del que ya he hablado en otras ocasiones y de la generación y venta de créditos de carbono y su adaptación al territorio, gracias al registro y desarrollo de proyectos relacionados con los sumideros de carbono en el medio natural.
Poder es querer y en ocasiones, es bueno pararse a pensar, despejar el horizonte, establecer distancias y permitir, al menos por una vez, que el árbol no nos impida ver el bosque.

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