Castilla y León mantiene su liderazgo nacional, pero afronta una campaña marcada por un 14 % menos de superficie, las altas temperaturas, los costes de producción y la presión de las importaciones
Castilla y León reforzará su apuesta por la patata con la creación de una marca de calidad propia que permita identificar su origen y mejorar su posición en el mercado. La Junta pretende que este distintivo contribuya a trasladar al agricultor una mayor parte del valor generado por un cultivo en el que la Comunidad mantiene el liderazgo nacional.
El anuncio se ha producido durante el I Simposio Internacional de la Patata, celebrado en Madrid, donde el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha situado la rentabilidad de las explotaciones como uno de los principales retos para garantizar el futuro del sector.
La iniciativa llega, además, en una campaña complicada. En 2026, la superficie dedicada a la patata en Castilla y León se ha reducido hasta aproximadamente 16.679 hectáreas, un 14 % menos que el año anterior. Valladolid y Salamanca continúan figurando entre las principales provincias productoras.
Las altas temperaturas también han condicionado el desarrollo del cultivo y han provocado una mayor concentración de las fechas de recolección. Esta situación ha favorecido el solapamiento de la producción de diferentes zonas en un momento en el que también entra patata procedente de otros países.
Castilla y León produce cerca de la mitad de la patata española
El peso de Castilla y León dentro del sector sigue siendo determinante. La Comunidad ha registrado producciones próximas a las 900.000 toneladas durante los últimos ejercicios, alrededor de la mitad del total nacional.
España, por su parte, cuenta con unas 66.700 hectáreas dedicadas a este cultivo y produjo cerca de 1,94 millones de toneladas en 2025. Frente a esas cifras, las importaciones superaron los 1,27 millones de toneladas, principalmente procedentes de Francia.
Para la Junta, el escenario obliga a mejorar la planificación de las campañas, reforzar la producción nacional y conseguir que una mayor parte del valor añadido permanezca en las zonas productoras.
Los costes de producción, en el centro del debate
El Gobierno autonómico considera que la viabilidad económica de los agricultores debe condicionar las políticas dirigidas al sector. Antes incluso de comenzar una campaña, los productores tienen que asumir gastos como la patata de siembra, el agua, la energía, los fertilizantes, los fitosanitarios, la maquinaria, la mano de obra y la financiación.
A estos costes se añaden los riesgos derivados del clima y de la evolución del mercado.
“Podemos hablar de innovación, sostenibilidad y modernización, pero hay una condición imprescindible para que todo lo demás sea posible: el agricultor tiene que poder vivir dignamente de su trabajo”, defendió Pino durante el encuentro.
La Junta está elaborando junto con la Universidad de Valladolid un estudio sobre los costes de producción de la patata en Castilla y León. El objetivo es disponer de una referencia que aporte transparencia a las operaciones comerciales y ayude a determinar cuánto cuesta realmente producir.
La Consejería también prevé mantener los controles sobre las relaciones contractuales y comerciales para vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y que los costes efectivos de producción sean tenidos en cuenta.
Más tecnología para ahorrar agua y fertilizantes
Otro de los retos planteados es mejorar la eficiencia en el uso de agua, energía y fertilizantes. La Junta apuesta por continuar modernizando y digitalizando los regadíos e introducir sistemas que permitan ajustar con mayor precisión las cantidades empleadas en las explotaciones.
La sanidad vegetal constituye otro de los puntos de preocupación. Pino reclamó que las decisiones sobre productos fitosanitarios se adopten con criterios científicos y que la retirada de materias activas vaya acompañada de alternativas eficaces para combatir plagas y enfermedades.
En este ámbito, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) trabaja en campos como la mejora genética, los ensayos de variedades, la gestión integrada de plagas y la transferencia de nuevas tecnologías al sector.
La Junta pide las mismas exigencias para las patatas importadas
La competencia exterior ocupó también una parte importante de la intervención del consejero. La Junta reclama que las patatas importadas estén sometidas a requisitos equivalentes a los exigidos a los productores españoles en cuestiones sanitarias, fitosanitarias, laborales, ambientales y de trazabilidad.
Pino defendió la aplicación de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales y un refuerzo de los controles sobre las importaciones.
También pidió una identificación más clara del origen de las patatas, tanto cuando se venden envasadas como cuando llegan al consumidor a granel. El objetivo es que el comprador pueda conocer de forma sencilla dónde se ha producido el alimento.
Una marca para distinguir la patata de Castilla y León
Dentro de esta estrategia se encuadra la futura marca de calidad de la patata de Castilla y León. La Junta trabajará ahora con el sector para desarrollar un distintivo que identifique el origen del producto y facilite su diferenciación en los mercados.
La iniciativa irá acompañada de acciones de promoción a través del ITACyL y de la colaboración con la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León.
La intención es implicar a agricultores, industria, almacenistas, envasadores, comercializadores y distribución para conseguir que una mayor parte del valor económico generado por la patata permanezca en la Comunidad.
Pino también reclamó la creación de una interprofesional de la patata de ámbito nacional que reúna a todos los eslabones de la cadena y facilite la coordinación del sector.
El objetivo final planteado por la Junta pasa por aprovechar el liderazgo productivo de Castilla y León para ganar también peso en almacenamiento, transformación, tecnología y comercialización. Un salto que, según el Ejecutivo autonómico, debe traducirse en explotaciones más rentables y en mayor actividad económica y empleo en el medio rural.
