Plasencia, a 2 de septiembre de 2026.
El pasado 18 de agosto inició su período de pruebas la planta de fabricación de pellets “Biomasa Sierra de Gata”, lo que representa una extraordinaria noticia para la comarca serragatina, para Extremadura y para el desarrollo de la economía rural. Este proyecto demuestra que las masas forestales, además de ser espacios recreativos de alto valor ambiental, constituyen una fuente de recursos, riqueza y empleo sostenible si se gestionan correctamente.
La puesta en marcha de una instalación de estas características permite incidir en una reivindicación largamente demandada: el aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos forestales de nuestros montes, junto con la necesidad de disponer de procedimientos de autorización administrativa más ágiles, eficaces y adaptados a la realidad actual.
La biomasa desempeña un papel fundamental en este proceso. La retirada de restos vegetales y madera procedentes de los trabajos selvícolas constituye la materia prima ideal para generar actividad industrial, al mismo tiempo que contribuye a reducir la cantidad de combustible acumulado en el monte.
Verano tras verano asistimos a la aparición y desarrollo de incendios forestales de gran intensidad y capacidad destructiva. De nuevo, se concentran los recursos humanos y materiales en la respuesta de emergencia: medios de extinción, sistemas de detección, vigilancia y dispositivos de protección civil. Son instrumentos imprescindibles atendidos por profesionales cuyo impagable esfuerzo y valor reconocemos, pero por sí solos no resultan suficientes para afrontar un problema que exige una actuación preventiva continuada.
Nuestros montes necesitan gestión durante todo el año: desbroces, clareos, podas, entresacas, aprovechamientos de madera y biomasa, creación y mantenimiento de infraestructuras forestales, junto con la recuperación de usos tradicionales —hoy en evidente retroceso o abandono— como el pastoreo extensivo. Todas estas actuaciones deben orientarse a reducir el volumen y la continuidad del combustible vegetal acumulado, así como a facilitar que quienes viven y trabajan en el territorio desarrollen su actividad con agilidad, seguridad y rentabilidad.
El abandono progresivo de los usos tradicionales y la insuficiente gestión activa han incrementado la vulnerabilidad de numerosos espacios forestales. Hace ya un año que advertía de la situación de emergencia rural a la que nos enfrentamos: Extremadura cuenta con más de 2,5 millones de hectáreas de dehesas, montes y pastizales, y aproximadamente el 68% de su territorio tiene carácter forestal.
La gestión adecuada de esta gran superficie es una prioridad absoluta. Es una necesidad ambiental, por su incidencia directa en la prevención de incendios y la conservación de los ecosistemas; económica, por las oportunidades vinculadas a los aprovechamientos forestales, ganaderos y energéticos; y social, por su capacidad para sostener empleo, actividad y población en el medio rural.
La nueva planta de pellets de Sierra de Gata representa una oportunidad para vincular la prevención de incendios, la gestión forestal y la economía rural, transformando los restos vegetales y el exceso de combustible en empleo y actividad industrial.
Sin embargo, para que esta cadena funcione no basta con la inversión privada: es imprescindible que la Administración facilite las actuaciones sobre el terreno mediante cambios normativos que, más que recursos económicos, requieren voluntad y decisión política.
Es necesario simplificar y agilizar las autorizaciones ambientales, reducir los plazos administrativos y reforzar la capacidad de respuesta de la Administración. En un contexto marcado por la digitalización y la inteligencia artificial, no resulta razonable que actuaciones forestales preventivas, esenciales para reducir el riesgo de incendios, permanezcan durante meses pendientes de aprobación.
El planteamiento de la emergencia rural incide precisamente en esta necesidad: simplificar al máximo los trámites, facilitar la ejecución de inversiones y dinamizar los trabajos en el monte antes de que el fuego haga imposible o inútil su realización.
No tiene ningún sentido que reclamemos más inversión para nuestros montes mientras mantengamos procedimientos burocráticos que impiden que ese capital llegue al territorio.
Cada hectárea gestionada es una hectárea que reduce el combustible, genera actividad y mejora el estado del monte. Cada aprovechamiento forestal es también una oportunidad para que empresas, trabajadores, agricultores, ganaderos y selvicultores encuentren nuevas posibilidades económicas en nuestros pueblos.
La prevención de incendios no comienza con la activación de un dispositivo de emergencia, sino muchos meses antes, mediante planificación, gestión activa y un aprovechamiento continuado de los recursos. La biomasa forma parte de la solución, junto con la inversión sostenida en el cuidado de nuestros montes y la adaptación de una normativa que facilite actuaciones preventivas eficaces.
No debemos esperar al próximo gran incendio para volver a hablar de nuestros montes. Es necesario intervenir antes de que ardan, evitando que los recursos públicos de los próximos años tengan que destinarse principalmente a restaurar superficies incendiadas. Debemos priorizar la inversión en montes vivos, gestionados y productivos, capaces de reducir el riesgo y la gravedad de los incendios futuros.
Proteger el territorio también exige gestionarlo. Gestionar nuestros montes significa proteger nuestro patrimonio natural, generar empleo y ofrecer una oportunidad de futuro a nuestros pueblos y a los habitantes que apostaron por quedarse a vivir en ellos.
