Su presidente, el abogado Ignacio Lozano, publica una guía con recomendaciones para prevenir situaciones de permanencia no autorizada en alojamientos turísticos y actuar cuando un huésped se niega a abandonarlos.
La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (FEEXTUR) ha reclamado mayores garantías jurídicas para los establecimientos turísticos a raíz del conflicto surgido en los Apartamentos Turísticos La Plazuela, en Baños de Montemayor (Cáceres), donde, según denuncian sus propietarios, Carlos Regidor y Mariluz García, unos huéspedes permanecen en uno de los inmuebles desde el pasado 8 de octubre, una vez finalizada la estancia contratada.

La situación se encuentra pendiente de esclarecimiento y tiene su origen en un supuesto contrato de arrendamiento de siete años cuya existencia alegan los ocupantes del apartamento y que los propietarios aseguran no haber firmado. El matrimonio ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, mientras que FEEXTUR ha expresado su preocupación por las consecuencias que este tipo de controversias pueden tener para los pequeños negocios turísticos.
Según el relato de los propietarios, la reserva se realizó a finales de septiembre para una estancia de una semana, con salida prevista el 7 de octubre, aunque posteriormente se amplió un día. La huésped completó los trámites de registro y abonó el importe acordado.
Sin embargo, el 8 de octubre comunicó que no abandonaría el alojamiento al disponer, según manifestó, de un contrato de alquiler de siete años. Los titulares del establecimiento niegan haber suscrito ese documento y afirman que fue presentado en el Ayuntamiento de Baños de Montemayor para solicitar el empadronamiento. Aseguran, además, que no han tenido acceso al supuesto contrato y que la solicitud de empadronamiento no ha sido concedida.
La controversia deberá resolverse por las vías legalmente establecidas, sin que por el momento conste una resolución judicial que determine la validez del documento o la existencia de una ocupación ilícita.
Los propietarios sostienen que esta situación les ha obligado a cancelar temporalmente reservas debido a las molestias que, según explican, se están produciendo en el inmueble. El caso ha generado muestras de solidaridad entre los vecinos de Baños de Montemayor, que han protagonizado varias concentraciones y caceroladas de apoyo al matrimonio. Una de ellas tuvo lugar el pasado viernes, 16 de octubre, con la participación de numerosos socios de FEEXTUR del Valle del Ambroz.
«Basta con pagar uno o varios días»
El presidente de FEEXTUR y de la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura (ATURNEX), el abogado Ignacio Lozano, considera que lo ocurrido pone de manifiesto la vulnerabilidad de los establecimientos turísticos ante posibles situaciones de permanencia no autorizada.
«Para ocupar ilegalmente un alojamiento turístico no hay que emplear la fuerza ni violencia, ni saltarse por una ventana, simplemente hay que pagar uno o varios días», señala Lozano al advertir de los riesgos que, a su juicio, afronta el sector.
La federación reconoce que corresponde a los tribunales determinar la validez del contrato alegado y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos. No obstante, advierte de que la duración de los procedimientos judiciales puede provocar importantes perjuicios económicos a los empresarios afectados, especialmente cuando se trata de pequeños alojamientos familiares.
«Mariluz y Carlos no pueden esperar ni un día más», afirma Lozano, quien reclama una respuesta legal más ágil ante situaciones de esta naturaleza.
«Necesitamos una legislación que garantice la propiedad privada y la seguridad jurídica de un negocio», insiste.
FEEXTUR recuerda que el turismo rural representa una importante fuente de actividad económica en Extremadura y desempeña un papel destacado en numerosos municipios que encuentran en este sector una oportunidad para generar empleo, mantener población y combatir la despoblación.
Por ello, considera fundamental disponer de un marco normativo que permita a los empresarios desarrollar su actividad con garantías y resolver los conflictos sin que la continuidad de sus negocios quede comprometida.
Una guía para prevenir conflictos en los alojamientos turísticos
En este contexto, Ignacio Lozano publicó el pasado 15 de octubre en el Blog de Turismo de Sierra de Gata el artículo «Ocupaciones ilegales o no autorizadas en Turismo», en el que recoge una serie de recomendaciones que FEEXTUR lleva años trasladando a sus asociados.
El objetivo es reforzar la prevención y facilitar que los propietarios dispongan de documentación suficiente para acreditar las condiciones de cada reserva ante posibles discrepancias con los clientes.
Lozano resume esta filosofía con una expresión: en el turismo rural «hay que ser bueno pero no tonto». También aconseja «esperar lo mejor del cliente pero prepararnos para lo peor».
Entre las principales medidas figura la elaboración de unas normas de régimen interior que sean aceptadas y firmadas por todos los huéspedes. Estas deben especificar las fechas y horas de entrada y salida, así como las condiciones económicas previstas para una eventual permanencia fuera del periodo contratado, siempre con respeto a la normativa aplicable.
También recomienda disponer de un inventario valorado del mobiliario y equipamiento del establecimiento, que facilite la acreditación de posibles daños o pérdidas.
Otra de las pautas consiste en establecer una fianza o garantía mediante tarjeta bancaria, informando previamente al cliente durante el proceso de reserva. Lozano señala que esta posibilidad no cuenta con una regulación específica en Extremadura, aunque considera que tampoco está prohibida con carácter general. Recomienda, en cualquier caso, que las condiciones sean transparentes y que la devolución se realice en un plazo máximo de una semana.
Qué hacer cuando un huésped se niega a marcharse
La guía dedica también un apartado a los pasos que pueden seguir los responsables de un alojamiento turístico cuando un cliente permanece en el establecimiento una vez concluida la estancia acordada.
La primera recomendación es comunicarle de manera respetuosa que debe abandonar el inmueble, preferiblemente en presencia de un testigo que pueda acreditar lo sucedido.
Si la situación persiste, Lozano aconseja ponerse en contacto con la Guardia Civil para dejar constancia de los hechos y presentar, cuando corresponda, la denuncia pertinente.
El abogado subraya asimismo la importancia de conservar toda la documentación relacionada con la reserva: normas de régimen interior firmadas, justificantes de pago, comunicación de viajeros al Ministerio del Interior y mensajes o correos electrónicos en los que figuren las fechas y condiciones de la estancia.
Esta documentación puede resultar relevante para esclarecer las circunstancias del conflicto, aunque la negativa a abandonar un alojamiento no constituye automáticamente un delito. Su calificación jurídica dependerá de los hechos acreditados y de las circunstancias de cada caso.
Lozano considera que los conflictos por permanencias no autorizadas podrían aumentar en el sector turístico debido a lo que interpreta como una legislación favorable al arrendatario y a la lentitud de determinados procedimientos administrativos y judiciales.
Por este motivo, insiste en la conveniencia de que los establecimientos adopten medidas preventivas y cuenten con asesoramiento adecuado antes de enfrentarse a situaciones que pueden tener consecuencias económicas importantes.
El respaldo de FEEXTUR a los propietarios
La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural ha ofrecido a Carlos Regidor y Mariluz García toda la colaboración que puedan necesitar y ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de los empresarios del sector.
«Creemos que las asociaciones debemos estar en situaciones difíciles como la que nos ocupa», señala Ignacio Lozano.
FEEXTUR está integrada por la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura (ATURNEX) y Destino Sur Extremadura, organizaciones que garantizan la representación del turismo rural en el conjunto de la comunidad autónoma. Ambas pertenecen a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).
La federación insiste en que la seguridad jurídica es una condición esencial para el desarrollo de una actividad que constituye uno de los motores económicos y sociales de numerosos pueblos extremeños.
Mientras se esclarecen las circunstancias del caso de Baños de Montemayor, FEEXTUR reclama mecanismos que permitan proteger la actividad de los establecimientos turísticos y resolver con rapidez este tipo de controversias, respetando los derechos y las garantías legales de todas las partes implicadas.