La portavoz de Unidas por Extremadura califica de históricas las movilizaciones celebradas en Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia y pide limitar los precios del alquiler, frenar la especulación inmobiliaria y regular los apartamentos turísticos.
LA ALDABA | Mérida, 12 de noviembre de 2026.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha destacado este jueves el «éxito» de la huelga general y ha reclamado medidas que permitan garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. La dirigente política ha valorado la participación ciudadana en las movilizaciones celebradas en diferentes ciudades extremeñas y ha insistido en la necesidad de adoptar decisiones legislativas que respondan a las demandas expresadas durante las protestas.
En declaraciones a los medios de comunicación, De Miguel ha señalado que «es imprescindible entender que la huelga tiene su significado» y ha expresado su confianza en que la movilización contribuya a impulsar cambios en las políticas de vivienda.
La portavoz, que participó en la manifestación celebrada en Mérida, ha asegurado que hacía «mucho tiempo» que no se registraba una movilización de estas características. Asimismo, ha destacado la respuesta ciudadana pese a las condiciones meteorológicas adversas y ha calificado de «históricas» las manifestaciones desarrolladas en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.
Según De Miguel, estas protestas reflejan la preocupación social ante las dificultades para acceder a una vivienda y evidencian que una parte importante de la ciudadanía considera necesario introducir cambios en el mercado inmobiliario.
Irene de Miguel reclama limitar los alquileres y frenar la especulación
La portavoz de Unidas por Extremadura ha expresado su deseo de que la Diputación Permanente del Congreso apruebe este jueves los decretos relacionados con la vivienda, unas medidas que considera «insuficientes», aunque «vitales» para ofrecer mayor tranquilidad a las personas que viven de alquiler.
En este sentido, ha defendido la necesidad de proporcionar estabilidad a los inquilinos y evitar la incertidumbre que, según ha explicado, experimentan muchas familias cuando se aproxima la fecha de finalización de sus contratos.
De Miguel ha manifestado que espera que las decisiones parlamentarias sean un «reflejo de la calle», ya que, a su juicio, las movilizaciones han trasladado un mensaje claro sobre la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda.
La dirigente ha considerado que los decretos deben constituir únicamente el punto de partida de nuevas actuaciones legislativas. Entre sus principales reivindicaciones figuran establecer límites a los precios del alquiler, impulsar contratos de duración indefinida, combatir la especulación inmobiliaria y aprobar una moratoria sobre los apartamentos turísticos.
También ha insistido en que la vivienda debe entenderse como «un derecho y no un bien con el que especular», cuestionando el modelo que permite obtener rentas mediante la propiedad inmobiliaria. En este contexto, ha afirmado que ser rentista en España «tiene que dar vergüenza».
Unidas por Extremadura defiende el papel de las huelgas en los avances sociales
Durante su intervención, Irene de Miguel también ha reivindicado la importancia histórica de las huelgas como instrumento de movilización y conquista de derechos laborales y sociales.
La portavoz ha recordado que, gracias a estas convocatorias, se han conseguido numerosos avances tanto en España como en otros países, por lo que ha pedido que no se desprecie el significado de una huelga general.
Asimismo, ha rechazado la idea de que la última huelga general se produjera hace catorce años y ha recordado la huelga feminista, que, según ha señalado, tuvo una importante repercusión tanto en el ámbito laboral como en el doméstico y de los cuidados.
De Miguel ha insistido en que las movilizaciones relacionadas con la vivienda pueden contribuir a modificar las políticas públicas y las condiciones del mercado inmobiliario.
Finalmente, ha reiterado que el objetivo debe ser garantizar que todas las personas puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas y que las instituciones adopten medidas para evitar que su utilización como activo especulativo dificulte ese derecho.
